Más de 80 intendentes de la provincia de Buenos Aires quedarían impedidos de buscar un nuevo mandato en 2027 por la ley que limita las reelecciones consecutivas, y el kirchnerismo bonaerense ya mueve sus fichas para torcer esa norma a su favor. El gobernador Axel Kicillof respalda un proyecto de la senadora Ayelén Durán, del Movimiento Derecho al Futuro, para habilitar reelecciones sin límite para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares, derogando la restricción vigente desde 2016.
La maniobra no es casual: mientras a nivel nacional el Gobierno de Javier Milei consolidó la baja de la inflación, el superávit fiscal y un ordenamiento macroeconómico que ya empieza a sentirse en el bolsillo de los bonaerenses, en la provincia el peronismo discute cómo perpetuarse en el poder municipal. La discusión alcanza distritos clave del conurbano como La Matanza, Avellaneda, Merlo, Moreno, Quilmes y Tigre, pero también a Junín, Tres de Febrero y Chascomús, lo que demuestra que el afán de eternizarse en el cargo no distingue colores políticos cuando de administrar territorio y clientelismo se trata.
La interna del peronismo bonaerense frena la ley
El proyecto de Durán, pese al respaldo de Kicillof, no logró avanzar en la Legislatura provincial. El Frente Renovador, con Sergio Massa como referencia, defiende la norma que él mismo impulsó junto a la gestión de María Eugenia Vidal y se niega a dar marcha atrás. La Cámpora, por su parte, exige discutir todo el paquete en conjunto: vacantes en la Suprema Corte, el esquema de las PASO bonaerenses y proyectos propios.
El resultado es un peronismo bonaerense entrampado en sus propias internas, incapaz de ponerse de acuerdo ni siquiera para favorecer a sus propios intendentes. Una vez más, la interna de Fuerza Patria termina paralizando decisiones que impactan directamente en la vida institucional de los bonaerenses, mientras la gestión libertaria a nivel nacional sigue mostrando que se puede gobernar con rumbo claro y sin esta guerra de tribus.
La Matanza, el espejo de la crisis sucesoria
El caso de La Matanza resume la encrucijada. Fernando Espinoza no podría postularse nuevamente bajo el régimen vigente y ya negocia su lugar en la carrera por la sucesión de Kicillof dentro del MDF. La alternativa que se baraja en el municipio más poblado de la provincia es Verónica Magario, actual vicegobernadora e intendenta entre 2015 y 2019, aunque tampoco podría integrar una fórmula municipal bajo las reglas actuales.
Es el mismo patrón que se repite hace años en el conurbano bonaerense: dirigentes que rotan entre cargos para no perder el control territorial, estructuras clientelares que sobreviven más allá de los nombres propios, y una provincia donde la inseguridad y la mala gestión municipal conviven con intendencias que llevan más de una década en el mismo sillón. La gente del Gran Buenos Aires lo sabe bien: mientras el gobierno nacional ordena las cuentas públicas heredadas de doce años de kirchnerismo, buena parte del territorio bonaerense sigue atrapado en la misma lógica de siempre.
La definición final sobre la ley de reelecciones quedará atada a una negociación mayor dentro del peronismo: quién sucede a Kicillof, cómo se reparten las candidaturas legislativas de 2027 y cómo se distribuye el poder territorial. Un combo que, una vez más, antepone la rosca partidaria a las necesidades reales de los vecinos del conurbano.
