El gobernador Axel Kicillof oficializó la creación de una nueva Mesa Interministerial para abordar los efectos del fenómeno climático El Niño en la provincia de Buenos Aires. La medida, formalizada mediante el Decreto 1941 publicado en el Boletín Oficial, suma otra estructura burocrática a un gobierno que ya acumula decenas de comités, mesas y organismos de coordinación sin resultados visibles en materia de infraestructura hídrica.
Según los fundamentos del decreto, la decisión se basa en un comunicado de julio de la Organización Meteorológica Mundial que advierte sobre la intensificación del fenómeno climático y la posibilidad de lluvias superiores a lo normal en el sudeste de Sudamérica durante primavera y verano. Un dato conocido desde hace meses, que recién ahora genera una respuesta formal del Ejecutivo bonaerense.
Más funcionarios, las mismas inundaciones
La nueva mesa estará coordinada por el Ministerio de Gobierno y reunirá representantes de Economía, Salud, Seguridad, Desarrollo de la Comunidad, Desarrollo Agrario, Infraestructura, Ambiente y Hábitat, además del OPISU, la Autoridad del Agua, Vialidad y ABSA. Es decir, prácticamente todo el gabinete bonaerense convocado a una mesa más, mientras los vecinos del conurbano siguen esperando obras concretas de desagües y mantenimiento de arroyos que nunca llegan.
No es la primera vez que la gestión de Kicillof responde a una crisis anunciada con reuniones y decretos en lugar de ejecución presupuestaria. Los barrios inundables de La Matanza, Quilmes o La Plata, entre tantos otros municipios del AMBA, conocen de memoria el patrón: anuncios grandilocuentes antes de cada temporada de lluvias y la misma falta de respuesta cuando el agua efectivamente llega.
La jugada política detrás del reclamo al Gobierno nacional
En paralelo a la creación de esta mesa, la Provincia confirmó que denunciará penalmente al presidente Javier Milei y al ministro de Economía Luis Caputo por supuestamente no ejecutar el Fondo Hídrico. La maniobra resulta previsible: Kicillof necesita un culpable externo para disimular años de desinversión provincial en materia de infraestructura hídrica, un área que es responsabilidad primaria del propio distrito.
Mientras la gestión nacional ordena las cuentas públicas, baja la inflación mes a mes y sostiene el superávit fiscal como nunca antes en dos décadas, el kirchnerismo bonaerense elige la vía judicial y el relato de la víctima en lugar de poner en marcha las obras que la propia Provincia tiene pendientes desde hace años. El contraste es elocuente: un Gobierno nacional que recupera la macroeconomía después de la pesada herencia K, y una administración provincial que sigue apostando a la estructura estatal y al conflicto político antes que a la gestión eficiente.
Los representantes de la nueva mesa cumplirán funciones ad honorem, un detalle que no alcanza para disimular el verdadero problema: la provincia de Buenos Aires necesita obras hídricas reales, no más organigramas. Los vecinos del conurbano, que año tras año sufren las mismas inundaciones en los mismos barrios, merecen resultados y no otra fotografía de funcionarios alrededor de una mesa.
La diferencia de rumbo entre Nación y Provincia vuelve a quedar expuesta: mientras Milei consolida el orden macroeconómico y genera previsibilidad para los argentinos, Kicillof multiplica estructuras burocráticas y busca responsables ajenos para una gestión territorial que, en los hechos, sigue sin resolver los problemas de fondo del Gran Buenos Aires.
