Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), elaborado por el economista Nadin Argañaraz, reveló que el costo relativo de la energía y los alquileres para el comercio minorista aumentó al menos un 120% desde noviembre de 2023, mientras que el precio de la mercadería se mantuvo estable. El trabajo compara índices mayoristas y minoristas del INDEC entre fines de 2023 y agosto de 2026, y confirma que la Argentina está transitando una reconfiguración profunda de precios relativos tras años de atraso tarifario heredado del kirchnerismo.
El fin de los subsidios distorsivos, una deuda pendiente que se está pagando
Durante la gestión kirchnerista, los servicios públicos estuvieron artificialmente congelados mediante subsidios insostenibles que terminaron explotando en déficit fiscal crónico. El Gobierno de Javier Milei eligió sincerar esos valores como parte del plan de ordenamiento macroeconómico, y el resultado se refleja hoy en el peso de la energía dentro de la estructura de costos comerciales.
Lejos de ser una mala noticia, los especialistas coinciden en que se trata de un ajuste necesario para terminar con la fiesta de tarifas regaladas que el kirchnerismo utilizó durante años como herramienta de clientelismo político, financiada con emisión monetaria e inflación para todos los argentinos.
La mercadería, estable gracias al orden macroeconómico
El dato más relevante del informe del IARAF es que la mercadería, que representa el 60% del costo total de un comercio minorista según el análisis de distintas unidades comerciales, volvió a niveles similares a los de noviembre de 2023. Esto significa que, pese a los sobresaltos de los primeros meses de 2024, el proceso de desinflación logrado por el equipo económico nacional permitió devolver previsibilidad a la relación entre precios mayoristas y minoristas.
Para cualquier comerciante, tener estabilidad en el ítem que más pesa en su estructura de costos es una diferencia enorme respecto de la Argentina inflacionaria que dejó el kirchnerismo, donde remarcar precios todos los días era la norma y planificar a mediano plazo, una utopía.
El otro problema: la presión fiscal del conurbano bonaerense
Mientras el Gobierno nacional ordena las variables macro, buena parte de los municipios del Gran Buenos Aires administrados por el peronismo siguen golpeando a los comerciantes con tasas y derechos de habilitación cada vez más gravosos. En distritos del conurbano, las tasas municipales de seguridad e higiene y los costos de habilitación comercial continúan incrementándose por encima de la inflación, agravando el impacto que señala el informe del IARAF sobre alquileres y energía.
A esto se suma la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que mantiene una de las cargas impositivas más altas del país para pequeños y medianos comercios, sin ofrecer a cambio mejoras sustanciales en seguridad, un factor que también golpea las ventas de los locales con atención al público frente al avance del comercio online.
Los comerciantes del Gran Buenos Aires enfrentan así una ecuación compleja: por un lado, un escenario nacional cada vez más ordenado, con inflación a la baja y superávit fiscal; por otro, intendentes y gobernadores que insisten en financiar sus estructuras con más impuestos locales en lugar de acompañar el esfuerzo de ajuste que hace el Gobierno nacional.
El propio Argañaraz remarcó que la evolución de estos costos varía fuertemente según la región del país, lo que confirma que buena parte del problema no está en Nación, sino en la voracidad fiscal de los gobiernos locales del conurbano bonaerense, que lejos de bajar impuestos, siguen exprimiendo al comerciante de a pie.
