España vive horas de tensión política tras la caída del decreto de vivienda impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. La derrota parlamentaria derivó en una ola de manifestaciones en distintas ciudades del país, con una acampada permanente instalada en la Puerta del Sol de Madrid que ya lleva varios días de reclamos por el acceso a la vivienda.
El rechazo legislativo dejó al Ejecutivo socialista sin una de sus herramientas centrales para intervenir en el mercado inmobiliario, en un contexto donde el costo de los alquileres y la falta de oferta habitacional son uno de los principales reclamos sociales. Las protestas, convocadas por organizaciones sociales y sindicatos, combinan el malestar por la vivienda con otras demandas vinculadas al poder adquisitivo.
La oposición ya piensa en elecciones anticipadas
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, instruyó a su equipo para preparar una eventual campaña electoral centrada en tres ejes: la crisis migratoria en Ceuta, los casos de corrupción que rodean al PSOE y la pérdida de poder adquisitivo de los españoles. En Génova, sede del PP, aguardan la decisión de Sánchez, que podría conocerse en los próximos días.
No es la primera vez que el presidente español recurre a este tipo de maniobras políticas. En abril de 2024, tras la imputación de su esposa Begoña Gómez, Sánchez anunció un «periodo de reflexión» y hasta se reunió con el rey Felipe VI, lo que disparó rumores de una posible dimisión que finalmente no se concretó.
Sindicatos piden una movilización amplia
Desde el sindicalismo español, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, llamó a construir una movilización «amplia» que no se limite a la vivienda, sino que también incluya el reclamo salarial. Sordo no descartó la posibilidad de una huelga general, aunque pidió medir con cautela la magnitud de la respuesta sindical ante el escenario político abierto.
El trasfondo de esta crisis es la dificultad del Gobierno de coalición para sostener mayorías estables en el Congreso, algo que vuelve a poner en duda la gobernabilidad de España en medio de un ciclo de inestabilidad institucional que se extiende desde hace meses.
Un contraste con el rumbo argentino
Mientras España atraviesa este nuevo capítulo de inestabilidad política y social, en la Argentina de Javier Milei el panorama es otro: inflación en baja sostenida, superávit fiscal y un rumbo macroeconómico ordenado que empieza a traducirse en mejoras concretas para los bolsillos de los argentinos. La comparación resulta inevitable para quienes siguen de cerca la política internacional: mientras en Europa crecen las protestas por la falta de respuestas estructurales, en el país se consolida un modelo que, pese a las resistencias del kirchnerismo y de dirigentes del conurbano bonaerense, apuesta a ordenar las cuentas públicas antes que a parchear con decretos de corto plazo.
La crisis española de la vivienda vuelve a poner en el centro del debate la eficacia de las intervenciones estatales directas sobre el mercado, un dilema que también atraviesa la discusión política en la Argentina, donde el equipo económico nacional defiende la desregulación como camino para destrabar la oferta y bajar precios de manera genuina.
