Un ex funcionario del kirchnerismo sorprendió al asegurar que la inseguridad en la Provincia de Buenos Aires podría resolverse en apenas seis meses, siempre y cuando exista voluntad política real para hacerlo. La declaración, lejos de ser un elogio a la gestión de Axel Kicillof, terminó funcionando como un tiro por elevación contra su propio espacio político, que hace más de dos años administra la provincia más poblada del país sin lograr revertir el flagelo delictivo.
El comentario circula en un momento en que los vecinos del conurbano bonaerense siguen reclamando respuestas frente a los robos, las mafias del delito organizado y la sensación de abandono en materia de patrullaje. Que sea justamente una voz proveniente del propio riñón kirchnerista la que admita, de manera indirecta, que el problema tiene solución rápida si hay decisión política, deja en offside al discurso oficialista bonaerense que durante años intentó explicar la inseguridad como un fenómeno estructural imposible de resolver en el corto plazo.
La contracara: la gestión de Kicillof en jaque
Mientras en la Casa Rosada el Gobierno de Javier Milei ordena las cuentas públicas, baja la inflación y recupera la confianza de los mercados, en la Provincia de Buenos Aires el panorama de seguridad sigue siendo motivo de queja constante entre los vecinos del conurbano. Los intendentes peronistas del área metropolitana, lejos de coordinar con Nación, insisten en el relato de la falta de recursos, cuando en realidad la Provincia maneja un presupuesto de seguridad multimillonario que no logra traducirse en resultados concretos para la gente de a pie.
La palabra de este ex funcionario expone, sin quererlo, una verdad incómoda para el board kirchnerista: si la inseguridad puede resolverse en medio año, la pregunta obligada es por qué no se hizo antes. La respuesta, para buena parte de los analistas, tiene que ver con la falta de gestión eficiente, el clientelismo político y una estructura de poder que históricamente convivió con la connivencia entre parte de las fuerzas de seguridad bonaerenses y el delito organizado.
El contraste con el rumbo nacional
El Gobierno nacional, en cambio, apuesta a un esquema distinto: coordinación federal, endurecimiento del combate al narcotráfico y respaldo político a las fuerzas de seguridad, en línea con la impronta que le imprimió la ministra Patricia Bullrich desde el primer día de la gestión de Milei. El resultado se refleja en el ordenamiento macroeconómico general: menos inflación, superávit fiscal sostenido y una previsibilidad que empieza a derramarse en la vida cotidiana de los argentinos, algo impensado hace apenas dos años, con la economía kirchnerista al borde del colapso.
La diferencia de enfoque entre Nación y Provincia queda expuesta con crudeza: mientras Milei ordena la macro y recupera la autoridad del Estado en materia de seguridad interior, Kicillof y el peronismo bonaerense siguen debatiendo internamente sin poder ofrecer soluciones a los millones de vecinos del conurbano que sufren la inseguridad todos los días.
La confesión de este ex funcionario kirchnerista, aunque incómoda para su propio espacio, termina siendo una herramienta útil para la discusión pública: si en seis meses se puede resolver el problema, la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires por no haberlo hecho antes queda absolutamente a la vista.
