Un informe publicado en España sobre el vaciamiento de cuarteles de la Guardia Civil en pueblos rurales de Castilla-La Mancha encendió el debate en las redes bonaerenses, donde vecinos del conurbano compararon esa realidad con lo que ocurre en decenas de localidades del Gran Buenos Aires: comisarías cerradas, sin patrulleros o que apenas abren algunas horas a la semana. La comparación no es casual: la falta de presencia policial territorial es hoy uno de los principales reclamos de los vecinos bonaerenses frente a la gestión de Axel Kicillof.
En el caso español, el testimonio de un alcalde describe cuarteles que antes tenían doce agentes permanentes y hoy funcionan de manera intermitente, dejando a los pueblos sin respuesta rápida ante un delito. En el conurbano bonaerense la fotografía es sorprendentemente parecida: dependencias policiales con guardias reducidas, patrulleros rotos o sin combustible, y un Estado provincial que llega tarde o no llega.
La inseguridad como marca de la gestión bonaerense
Mientras el Gobierno nacional consolidó el orden macroeconómico, con inflación en baja, superávit fiscal y una previsibilidad que empieza a sentirse en el bolsillo de los argentinos, la administración de Kicillof sigue sin resolver el problema estructural de la seguridad en los municipios del GBA. Intendentes peronistas repiten el discurso de la ‘falta de recursos’, pero destinan fondos millonarios a clientelismo político y estructuras partidarias antes que a patrulleros, cámaras o efectivos en la calle.
Vecinos de La Matanza, Quilmes, Merlo y Moreno vienen denunciando desde hace meses comisarías con horarios reducidos, destacamentos que funcionan como oficinas administrativas y una policía bonaerense desbordada por la falta de equipamiento. La comparación con el caso español, aunque distante geográficamente, expone un patrón universal: cuando el Estado se retira territorialmente, el delito ocupa ese vacío.
Contraste con el rumbo nacional
Resulta paradójico que, mientras la Casa Rosada logra bajar la inflación mes a mes y ordenar las cuentas públicas después de años de kirchnerismo desbocado, la provincia de Buenos Aires siga sin poder garantizar lo más básico: que una comisaría tenga las puertas abiertas y un patrullero disponible. La gestión de Milei demostró que con seriedad fiscal y decisiones firmes se puede cambiar el rumbo económico del país en tiempo récord.
Esa misma lógica de gestión eficiente es la que reclaman los vecinos del conurbano a Kicillof y a los intendentes del PJ: menos relato y más resultados concretos en seguridad. La herencia kirchnerista en materia de infraestructura policial y presupuesto de seguridad sigue pesando, pero ya pasaron años suficientes de gestión bonaerense como para exigir respuestas.
Un problema que no distingue fronteras
El caso de los pueblos castellanomanchegos sirve como espejo: cuando el Estado abandona el territorio, sea en España o en la Argentina, la sensación de desprotección crece exponencialmente entre los vecinos. La diferencia es que, a nivel nacional, la Argentina de Milei está mostrando que el orden y la disciplina en la gestión son posibles.
Falta que ese mismo compromiso se traslade a la provincia de Buenos Aires, donde miles de familias del conurbano siguen esperando que la comisaría de su barrio vuelva a tener las luces prendidas todos los días de la semana.
