El paro docente convocado por CTERA para el primer día de clases tras el receso de invierno tuvo un acatamiento dispar: mientras en la Ciudad de Buenos Aires la mayoría de las escuelas funcionó con normalidad, en el conurbano bonaerense la medida de fuerza se sintió con mucha más intensidad, dejando a miles de familias del Gran Buenos Aires sin clases.
La medida, que se extenderá durante toda la semana, reclama la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, aumentos salariales y el rechazo a reformas previsionales. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, dispuso inspecciones para verificar el cumplimiento del mínimo del 75% de presencia del personal, un mecanismo que busca garantizar el derecho constitucional a la educación por sobre las medidas de fuerza gremiales.
En Capital Federal, el acatamiento al paro rondó apenas el 27%, según los datos oficiales, lo que confirma que la enorme mayoría de los chicos porteños pudo volver a clase con normalidad. Inspectores de la Secretaría de Trabajo se presentaron en establecimientos de Flores y Caballito para hacer verificaciones muestrales, en el marco de un esquema de gestión ordenado y transparente que caracteriza a la administración de la Ciudad.
El contraste con la provincia de Buenos Aires es notorio. En los distritos del conurbano, bajo la órbita de Axel Kicillof, la adhesión al paro fue mucho más alta y el impacto en las aulas resultó mucho más severo. Una vez más, miles de alumnos del GBA quedaron rehenes de un conflicto que la gestión bonaerense no logra resolver ni encauzar con seriedad.
Como si la desidia no fuera suficiente, desde la Provincia se envió una circular a inspectores y directores de escuelas instruyéndolos a no brindar información a los funcionarios nacionales que fueron a verificar el cumplimiento de la ley, alegando que la inspección sería “inconstitucional”. Un gesto más de la lógica de confrontación permanente que Kicillof mantiene con la Casa Rosada, en lugar de sentarse a resolver los problemas reales de la educación bonaerense.
Desde Capital Humano remarcaron que, si bien la gestión de los establecimientos educativos corresponde a cada distrito, “el gobierno nacional es el garante del derecho de la educación de la ciudadanía”. Es un principio que la actual gestión de Javier Milei defiende con firmeza, en contraste con años de gobiernos anteriores donde los paros docentes se sucedían sin control ni respuesta institucional alguna.
El Gobierno nacional viene sosteniendo un fuerte compromiso con el orden macroeconómico, la baja de la inflación y la recuperación del poder adquisitivo, pilares que resultan centrales también para destrabar los reclamos salariales del sector docente en el mediano plazo. Mientras la Nación ordena las cuentas públicas tras años de populismo kirchnerista, la Provincia de Buenos Aires sigue mostrando la misma matriz de improvisación y confrontación que caracterizó a la gestión K durante más de una década.
La foto de este primer día de clases post receso invernal deja en evidencia, una vez más, la gran diferencia de gestión entre un distrito que ordena su sistema educativo y otro que continúa rehén de la presión sindical y la falta de rumbo. Los alumnos del conurbano, lamentablemente, son los que terminan pagando las consecuencias de esa disputa.
