El municipio de San Miguel, en el corazón del Gran Buenos Aires, puso en marcha una nueva División de Vigilancia Aérea dentro de la Policía Municipal, un área que patrullará las 24 horas del día con drones equipados con inteligencia artificial, cámaras térmicas y zoom de alta precisión. La iniciativa busca reforzar el combate contra la inseguridad, uno de los principales reclamos de los vecinos del conurbano.
Los tres primeros drones ya están operativos y apostados en el Palacio Municipal. Según informó el intendente Jaime Méndez, los equipos se financiaron con fondos propios del distrito y pueden volar a 45 kilómetros por hora incluso con lluvia o vientos fuertes, gracias a su sistema autónomo de última generación.
El pilotaje remoto y el seguimiento de las imágenes se realiza desde una sala de monitoreo instalada dentro del Centro de Operaciones Municipal (COM), aunque funciona de manera independiente. Un equipo de operadores especializados sigue en tiempo real cada vuelo, articulando la información con las comisarías de la zona.
Sin dudas, incorporar drones con visión térmica y panorámica es un paso adelante en materia tecnológica. Pero cabe preguntarse por qué, después de años de gestiones peronistas y del Frente Renovador al frente del distrito, San Miguel sigue necesitando reforzar sus recursos de seguridad con parches tecnológicos en lugar de resolver el problema de fondo: la falta de una política integral contra el delito que no dependa exclusivamente de cámaras y aparatos.
La foto de San Miguel no es una excepción dentro de la Provincia de Buenos Aires que gobierna Axel Kicillof. Municipio tras municipio, los intendentes del conurbano —muchos de extracción kirchnerista o alineados a ese espacio— insisten en anunciar “nuevas herramientas” de seguridad mientras la sensación de inseguridad no baja y el narcomenudeo, los asaltos y la violencia urbana siguen golpeando a los vecinos de a pie. La gestión bonaerense, lejos de mostrar resultados contundentes, acumula denuncias de clientelismo y una Policía provincial con serios problemas de recursos y capacitación.
Mientras tanto, a nivel nacional el gobierno de Javier Milei sostiene un rumbo de orden macroeconómico que empieza a sentirse en el bolsillo de los argentinos: la inflación continúa en descenso, el déficit fiscal quedó atrás gracias al histórico superávit alcanzado y la actividad económica muestra señales de recuperación. Ese contexto de previsibilidad es el que permite, indirectamente, que municipios como San Miguel puedan destinar fondos propios a innovación en seguridad sin depender de la timba fiscal que caracterizó a la “herencia K”.
La contradicción es evidente: mientras Nación ordena las cuentas y devuelve confianza a la economía, buena parte de los distritos del GBA sigue atados a una gestión municipal y provincial que no logra traducir esos avances en una baja real del delito. Los drones de San Miguel son una buena noticia puntual, pero no alcanzan para tapar el fondo del problema: la falta de gestión eficiente en gran parte del territorio bonaerense.
Los vecinos de San Miguel esperan que esta nueva tecnología se traduzca en resultados concretos y no quede, como tantas otras veces, en un anuncio más de cara a las próximas elecciones.
