El gobernador Axel Kicillof volvió a reclamar públicamente la reelección indefinida de los intendentes bonaerenses, en un guiño directo a la estructura de poder del kirchnerismo en el conurbano. Si la ley vigente no se modifica, 80 de los 135 jefes comunales de la provincia no podrán presentarse a competir en 2027, entre ellos 51 referentes de Unión por la Patria que llevan años (y en algunos casos décadas) al frente de sus municipios.
Durante una conferencia de prensa en Alvear, el mandatario provincial argumentó que “no hay que prohibir a ninguno” y que el electorado debería poder votar siempre a los mismos dirigentes locales. Un argumento que, lejos de fortalecer la democracia, parece diseñado a medida de un modelo de poder territorial que necesita eternizarse para sobrevivir.
Una ley que molesta al aparato del conurbano
La norma que Kicillof busca voltear fue sancionada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal, y estableció un límite de dos mandatos consecutivos para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. Una medida de sentido común que buscaba, precisamente, evitar la perpetuación de dirigentes que terminan armando estructuras clientelares imposibles de desarmar en las urnas.
En 2021, con mayoría kirchnerista en la Legislatura bonaerense, se introdujo un cambio que corrió el contador: el primer período a computar pasó a ser el iniciado en 2019. Ese maquillaje legal le dio a muchos intendentes del PJ-UxP un respiro extra, pero el límite finalmente los alcanza de cara a 2027.
No sorprende que el reclamo llegue justo ahora, a metros de un año electoral clave. La ecuación es simple: la mayoría de los intendentes que quedarían afuera de la carrera son del riñón del Frente de Todos/Unión por la Patria, la misma coalición que sostiene el armado político de Kicillof en la provincia.
El contraste con el rumbo nacional
Mientras en la Provincia se discute cómo mantener indefinidamente a los mismos dirigentes en el poder municipal, a nivel nacional el Gobierno de Javier Milei sigue mostrando que otro camino es posible: superávit fiscal sostenido, inflación en baja constante y un sendero de recuperación del salario real que empieza a sentirse en el bolsillo de los argentinos, después de la pesada herencia dejada por el kirchnerismo.
La diferencia de enfoque es elocuente. Del lado de La Libertad Avanza, la apuesta es a la institucionalidad, la competencia y la renovación política como motor de eficiencia en la gestión pública. Del lado del peronismo bonaerense, la prioridad parece ser blindar a intendentes que en muchos casos son señalados por manejo discrecional de recursos, inseguridad creciente en sus distritos y estructuras de clientelismo que se sostienen justamente gracias a la permanencia indefinida en el poder.
Cabe recordar que del total de intendentes afectados por el límite actual, solo uno responde a La Libertad Avanza (tras abandonar el PRO), otros 16 son radicales y siete del PRO. La gran mayoría, 51 de 80, pertenece al espacio que hoy gobierna la Provincia y que, no casualmente, es el que más presiona por cambiar las reglas del juego antes de que le toque a ellos mismos rendir cuentas ante las urnas.
El proyecto todavía deberá pasar por la Legislatura bonaerense, donde el oficialismo necesitará negociar con otros bloques para conseguir los votos. La discusión promete ser intensa en los próximos meses, en medio de un clima político donde cada vez más vecinos del conurbano reclaman recambio, transparencia y gestión eficiente, y no la repetición de los mismos nombres de siempre.
