La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires empezó a debatir un proyecto de ley impulsado por bloques libertarios que propone poner fin a la gratuidad absoluta en los hospitales públicos porteños para turistas y extranjeros sin residencia en el país. La iniciativa mantiene la atención gratuita para argentinos, residentes y para cualquier caso de urgencia, pero busca cobrar por prácticas médicas programadas a quienes visitan la Ciudad sin aportar al sistema.
El planteo llega en un contexto donde el Gobierno nacional viene ordenando las cuentas públicas con superávit fiscal y baja sostenida de la inflación, y desde el oficialismo porteño y libertario se sostiene que también hay que terminar con privilegios mal entendidos que durante años el populismo disfrazó de derechos.
¿En qué consiste el proyecto libertario?
La propuesta apunta a que los turistas extranjeros que lleguen a un hospital público de la Ciudad para una consulta o práctica no urgente deban abonar un arancel, similar a lo que ocurre en buena parte del mundo desarrollado. Se descarta cualquier cobro en situaciones de emergencia, respetando el criterio humanitario que nadie discute.
Los impulsores del proyecto explican que la salud pública gratuita e irrestricta para cualquier persona del planeta, sin distinción de aporte o residencia, es un esquema insostenible cuando los recursos son limitados. Para los libertarios, ordenar ese gasto es parte del mismo sentido común que el Gobierno de Javier Milei aplicó con éxito en las cuentas nacionales.
Un sistema tensionado por años de populismo sanitario
Durante la gestión kirchnerista, tanto a nivel nacional como en buena parte del conurbano bonaerense, se instaló la idea de que todo debía ser gratis para todos, sin ningún criterio de sustentabilidad. El resultado, dicen los especialistas consultados por este medio, fue un sistema de salud pública desfinanciado y saturado, especialmente en los hospitales del Gran Buenos Aires.
En la provincia, bajo la administración de Axel Kicillof, los hospitales del conurbano combinan infraestructura deteriorada, faltante de insumos y una demanda que crece sin que la gestión bonaerense ofrezca respuestas de fondo. Muchos intendentes peronistas del área metropolitana replican ese mismo esquema de gestión ineficiente, con escaso control administrativo y guiños clientelares antes que políticas sanitarias serias.
Frente a ese contraste, el proyecto porteño se presenta como una medida de racionalidad administrativa: ordenar quién paga qué, sin resignar la vocación de atender a cualquier persona en una emergencia.
Un modelo que ya aplican países serios
Cobrar por servicios de salud a no residentes es una práctica habitual en naciones como España, Uruguay o Chile, donde los sistemas públicos distinguen entre ciudadanos, residentes y visitantes extranjeros. Nadie allí lo interpreta como una medida cruel, sino como una forma responsable de administrar recursos escasos.
Para el oficialismo libertario, avanzar en esa dirección en la Ciudad de Buenos Aires es coherente con el rumbo de ordenamiento que atraviesa el país desde diciembre de 2023: menos gasto discrecional, más previsibilidad y reglas claras. Mientras la Nación consolida el equilibrio fiscal y la desaceleración de precios que mejora el bolsillo de los argentinos, el debate porteño sobre el arancelamiento a extranjeros suma otro capítulo a la discusión sobre cómo terminar con los excesos que dejó una década de populismo.
El proyecto todavía deberá pasar por comisiones antes de llegar al recinto, pero ya generó respaldo entre economistas y especialistas en salud pública que reclaman desde hace años una reforma de este tipo.
