La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) confirmó este martes el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y de exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la causa que investigaba un supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan. El hundimiento del navío, ocurrido el 15 de noviembre de 2017 tras un incendio en su tanque de baterías, derivó en una larga y compleja investigación judicial que incluyó acusaciones cruzadas, cambios de criterio en distintas instancias y fuertes cuestionamientos de las querellas. Al rechazar los recursos presentados por los familiares de las víctimas, el máximo tribunal concluyó que las actividades atribuidas al exmandatario y a los entonces responsables de la AFI integraban “protocolos de seguridad”.
La causa se había iniciado a partir de la denuncia de los familiares, quienes aseguraban haber sido vigilados y seguidos por el Ejecutivo entre 2017 y 2018, en pleno reclamo por información sobre la desaparición del submarino. En 2021, el juez subrogante de Dolores, Martín Bava, afirmó que se habían verificado tareas de “espionaje prohibidas por Ley”, enfocadas en recolectar “datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan, como así también del buque ‘El Repunte’ y del buque ‘Rigel’”. A partir de esos elementos, procesó a Macri, al exdirector de la AFI Gustavo Arribas, a su segunda Silvia Majdalani y a ocho exagentes. Según su análisis, el expresidente “generó las condiciones para que se lleve a cabo, almacene y utilicen datos sobre personas […] por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política”, por lo que también le atribuyó el delito de “abuso de autoridad de funcionario público en carácter de autor”.
Sin embargo, la Cámara Federal porteña revirtió aquella decisión en julio de 2022. Los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi consideraron que las actividades de la AFI no habían constituido injerencias indebidas y que se habían desarrollado en el marco de tareas de prevención y seguridad presidencial. Resaltaron además que los elementos que habían dado origen a la investigación no surgían de operaciones encubiertas, sino de “medios públicos y redes sociales”, y advirtieron sobre los riesgos que implicaría una deficiente supervisión del entorno presidencial. Ese fallo fue apelado por las querellas, pero en noviembre de 2023 la Cámara Federal de Casación Penal, con el voto mayoritario de los camaristas Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky, declaró inadmisibles los recursos. “No se ha demostrado que el imputado [Macri] estuviese materialmente en una posición que implicase su intervención directa en los hechos investigados”, sostuvo Yacobucci en su fundamento, al afirmar además que las acciones cuestionadas “no sólo se enmarcaron dentro de los fines legítimos que persigue la Agencia -AFI- sino que también constituyeron medios adecuados para los objetivos de seguridad perseguidos”.
Pese a esos reveses, las querellas lideradas por Eva Sandoval y los abogados Mariano Bergés y Valeria Carreras insistieron y llevaron el caso ante la Corte Suprema, donde denunciaron que las tareas de inteligencia no habían sido justificadas y que existió parcialidad judicial. Este martes, el máximo tribunal —con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— desestimó sus recursos y, de ese modo, dejó definitivamente firme el sobreseimiento de Macri, Arribas, Majdalani y el resto de los imputados. Con esta resolución, tras años de controversia, declaraciones encontradas y múltiples instancias judiciales, se cierra de manera definitiva una de las causas más sensibles surgidas tras la tragedia del ARA San Juan.
