El intento por acceder al celular y a la tablet de la modelo Sofía Clerici volvió a fracasar y profundizó las dificultades en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. Se trata del segundo peritaje fallido realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), cuyos especialistas concluyeron que “no fue posible obtener ningún tipo de información” de los dispositivos Apple secuestrados a Clerici en octubre de 2023. Aquella incautación había incluido, además, 600 mil dólares hallados en su vivienda de Nordelta, apenas semanas después de que trascendiera el viaje de lujo que compartió con Insaurralde en Marbella.
El informe pericial detalla que el iPhone y la tablet presentaron fallas que impidieron siquiera verificar su funcionamiento básico, a pesar de que en esta nueva intervención se utilizó una versión actualizada del software UFED, herramienta central para la extracción de datos digitales en causas judiciales. “Con respecto al efecto 1, se conectó al cargador de batería para obtener la carga energética necesaria para el peritaje, sin éxito, lo cual impidió verificar su estado operativo probablemente debido a fallas a nivel de hardware. No fue posible obtener ningún tipo de información”, señala el documento de 29 páginas elevado al juez federal Luis Armella. Ante este escenario, los especialistas advirtieron que existe una última posibilidad: desmontar el dispositivo y reacondicionarlo para intentar una tercera extracción. Según anticiparon, “en caso de éxito, se podría reintentar el peritaje”, motivo por el cual solicitaron autorización judicial.
La causa se originó tras el escándalo del viaje que Clerici e Insaurralde realizaron a Marbella en septiembre de 2023, donde alquilaron el yate “Bandido” y se fotografiaron con champagne y accesorios de lujo. El costo total —41.087,65 euros y 8.189,30 dólares— contrastó con el salario del entonces jefe de Gabinete bonaerense, quien renunció a su cargo luego de que las imágenes se hicieran públicas. Ese episodio impulsó la presentación de los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco (PROCELAC), quienes reclamaron la indagatoria de Insaurralde y de otras cinco personas, entre ellas su exesposa Carolina Álvarez y dos de sus hijos, considerados posibles testaferros. Señalaron que el exfuncionario no podría justificar su patrimonio, compuesto por propiedades en barrios privados, vehículos de alta gama, cuentas bancarias y una extensa cantidad de viajes al exterior.
Mientras la defensa de Insaurralde sostiene que sus bienes fueron obtenidos de manera lícita —y que parte de ellos provendría de su exesposa, Jesica Cirio—, la investigación entró ahora en una etapa clave. El juez Armella ordenó un peritaje contable integral sobre los bienes del exintendente, Cirio, Clerici y el resto de los imputados, con el objetivo de “identificar y/o determinar si ha existido un enriquecimiento patrimonial apreciable e injustificado”. La medida apunta a reconstruir la evolución económica de los acusados, rastrear fondos, detectar eventuales maniobras para ocultar activos y evaluar si existieron operaciones compatibles con lavado de dinero, como transferencias a paraísos fiscales, uso de sociedades de fachada o participación de presuntos “prestanombres”.
Mientras tanto, el acceso a los dispositivos de Clerici continúa siendo un punto crítico para los investigadores, que reconocen que “imaginábamos ese resultado y tampoco teníamos muchas esperanzas de encontrar información relevante”. Sin embargo, insisten en que, de lograrse la reparación del hardware, todavía quedaría una mínima posibilidad de obtener datos que contribuyan a determinar la existencia —o no— de delitos en el caso que sacudió al escenario político y judicial argentino.
