El oficialismo reunió este lunes a diputados aliados y opositores en la Comisión de Presupuesto en un intento por encaminar la discusión del proyecto clave para la nueva gobernabilidad que el Ejecutivo busca consolidar tras las elecciones del 26 de octubre. Aunque hubo consenso general en la necesidad de aprobar un Presupuesto que respete el equilibrio fiscal y que, por primera vez desde 2022, logre sancionarse antes de fin de año, la reunión estuvo marcada por fuertes cruces, especialmente entre referentes del PRO y miembros de la oposición más dura. La cita, encabezada por el flamante presidente de la comisión, “Bertie” Benegas Lynch, se realizó en un salón del Congreso y contó con la participación del secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Entre los legisladores presentes se destacaron Miguel Pichetto y Nicolás Massot —quienes se retiraron antes del cierre—, además de los radicales Martín Tetaz, Karina Banfi, Pamela Verasay y Pablo Giulano, y la economista del PRO Diana Fernández Molero. El clima comenzó a tensarse cuando Pichetto y Massot reclamaron que el ministro de Economía, Luis Caputo, “garantice la institucionalidad” del debate y se presente ante la comisión, un gesto que el funcionario ha evitado reiteradamente. La discusión derivó en un cruce con la dirigente del PRO Silvana Giudici, quien insistió en concentrar los esfuerzos en acordar un cronograma claro y activar un “semáforo” de prioridades para cada bloque. A pesar de las discrepancias, la hoja de ruta avalada por el pleno fijó el martes 4 de noviembre como fecha límite para firmar el dictamen, con el objetivo de aprobarlo antes del recambio legislativo, aunque el Ejecutivo buscará posponer el debate en el recinto para después del 10 de diciembre.
En el oficialismo aseguran que existe margen para negociar, pero con límites claros. “Hay predisposición del Gobierno para discutir el presupuesto. Un 80%, vinculado al gasto social y de personal, es inamovible. Pero estamos dispuestos a conversar sobre el otro 20%, en tanto se respete el equilibrio fiscal y el superávit financiero”, afirmó una fuente cercana al bloque. Los libertarios, por su parte, reclamaron que la oposición unifique “interlocutores”, al señalar que en ocasiones reciben pedidos contradictorios de referentes que dicen responder al mismo gobernador. En este contexto, Unión por la Patria fue invitada al encuentro pero optó por no asistir, algo que el oficialismo interpretó como una señal política de distanciamiento.
Desde el radicalismo, Pablo Giulano coincidió con otros bloques en que Caputo debe presentarse en el Parlamento y negó que Massot haya propuesto un Presupuesto con déficit del 0,6%, como sugirieron versiones difundidas desde sectores oficialistas. “Lo que quedó de manifiesto es que, a diferencia de otros debates, este año sí o sí debería sancionarse para así cumplir con la ley”, remarcó. También pidió acelerar la promulgación de la ley de Emergencia Pediátrica, con recursos predefinidos, para evitar que el Ejecutivo utilice mecanismos como los aplicados en la normativa de Discapacidad, donde según denunció “pidió al Parlamento que defina de dónde saldrá el dinero”.
El proyecto enviado por el Ejecutivo prevé para 2026 una inflación del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423, una estimación que varios legisladores consideran desfasada. También proyecta ingresos impositivos por $90.309 millones, un incremento del 22,5% respecto de 2025, equivalente al 8,7% del PBI. Los tributos con mayor peso continúan siendo el IVA, Ganancias y el Impuesto a los Créditos y Débitos, mientras que los Derechos de Exportación adquieren un rol central en la estructura tributaria. Según el texto, los recursos por retenciones aumentarían un 22,8% en 2026 y elevarían su incidencia del 0,95% al 0,98% del PBI, respaldados por un escenario que, afirma el Gobierno, “contempla un crecimiento de las exportaciones gravadas en términos reales superior al promedio de la economía”.
