La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó —por mayoría— el fallo que declaró caducado el reclamo del Estado nacional contra Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados en la causa Vialidad, donde se exigía un resarcimiento de $22.300 millones por la mitad de las obras adjudicadas a Lázaro Báez que no fueron concluidas. La decisión implica que el proceso quedó cerrado y el pago ya no podrá ser exigido. No obstante, en Comodoro Py sigue en curso el expediente penal por el decomiso de bienes valuado en $685.000 millones.
“La caducidad decretada debe ser confirmada. En efecto, el último acto impulsorio que registra la causa es del 17 de marzo de 2023”, señalaron los jueces Juan Perozziello Vizier y Eduardo Daniel Gottardi en el fallo de once páginas que confirmó la resolución del juez de primera instancia Marcelo Bruno Dos Santos. En disidencia votó la magistrada Florencia Nallar. Los camaristas entendieron que el proceso civil iniciado durante el gobierno de Mauricio Macri perdió vigencia porque Vialidad Nacional, en representación del Estado, no impulsó nuevas medidas dentro del plazo que fija el Código Procesal.
La defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Luis Goldin, había pedido en dos oportunidades que se declarara la caducidad del proceso, argumentando que no había avances desde el 19 de octubre de 2023, fecha que consideró como el último acto procesal válido. El juez Dos Santos finalmente aceptó ese planteo. “El expediente no registra movimientos sustanciales desde hace más de seis meses, por lo que corresponde declarar la caducidad”, sostuvo en su fallo.
Desde Vialidad Nacional, en cambio, se defendieron alegando que “no ha existido una inactividad procesal de seis meses que habilite la declaración de caducidad de la instancia”, al considerar que el expediente fue actualizado con “hechos, pruebas y sentencias obrantes en el fuero penal”. También señalaron que los planteos de la defensa de la expresidenta “prolongaron artificialmente los plazos”, en referencia a las impugnaciones al representante legal del organismo.
Pese a esos argumentos, la Cámara de Apelaciones coincidió con el criterio del juez de primera instancia. En su resolución, los magistrados remarcaron que el instituto de la caducidad “no fue creado al solo efecto de castigar la negligencia de las partes, sino para evitar la prolongación indefinida de los procesos judiciales, en detrimento de los valores jurídicos de paz, seguridad y buena administración de justicia”. De esta forma, confirmaron la decisión de cerrar definitivamente el reclamo civil.
El origen del expediente se remonta a 2016, cuando el Estado inició una demanda para recuperar parte del dinero de las 51 obras viales adjudicadas al Grupo Austral, de Báez. En el juicio penal, el Tribunal Oral Federal N°2 estableció que la defraudación había generado un perjuicio de $85.000 millones, cifra actualizada según el índice de precios al consumidor. La pericia oficial también detectó sobreprecios de entre 170 y 220 millones de dólares en algunas de las rutas auditadas.
Mientras la causa civil quedó archivada, en el fuero penal continuará el proceso de ejecución del decomiso patrimonial de $685.000 millones, dictado en la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Esa investigación sigue activa en los tribunales de Comodoro Py y constituye, por ahora, la principal vía judicial a través de la cual el Estado busca recuperar los fondos desviados durante la gestión kirchnerista.
