La jueza federal de Nueva York Loretta Preska ordenó al Estado argentino que presente la lista completa de bienes ubicados en el exterior, en el marco del fallo que obliga al país a pagar US$ 16.100 millones a fondos especulativos por la estatización de YPF en 2012. La decisión se produjo después de que el Gobierno intentara limitar el pedido de información a activos “comerciales” y diferenciar los bienes estratégicos, como los vinculados a Defensa, solicitud que fue rechazada.
“El discovery es una herramienta del derecho norteamericano que permite solicitar información para intentar localizar activos susceptibles de embargo”, explican los especialistas. En su defensa, la Argentina citó jurisprudencia relevante, incluyendo el precedente de la Corte Suprema en el caso NML Capital, que establece que solo pueden solicitarse activos potencialmente embargables. Sin embargo, Preska consideró que la solicitud debía abarcar la totalidad de los activos, y señaló que, una vez recibida la información, evaluará cuáles son embargables y cuáles deberían quedar exentos.
Días atrás, la jueza ya había rechazado la moción de reconsideración presentada por la Argentina respecto a los pedidos de discovery sobre dispositivos personales de funcionarios y exfuncionarios. En su presentación, la Procuración General del Tesoro argumentó que esos requerimientos “resultan contrarios tanto a la jurisprudencia de los Estados Unidos como a la legislación local, que resguarda los datos personales y las comunicaciones privadas”. A mediados de julio, Preska había ordenado la entrega de correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones de funcionarios, entre ellos los actuales y exministros de Economía, Luis Caputo y Sergio Massa, así como integrantes de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández.
El objetivo de los fondos demandantes —Burford y Eton Park— es demostrar que empresas estatales como YPF, el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, Enarsa y el Banco Nación funcionan como “alter ego” del Estado argentino. “De esa manera podrían intentar embargar sus activos para ejecutar la sentencia por US$ 16.000 millones que pesa sobre la Argentina”, señalaron fuentes judiciales. La decisión de Preska marca un nuevo capítulo en un litigio que, desde 2012, mantiene a la Argentina bajo la presión de los fondos especulativos y genera preocupación sobre el impacto en sus activos en el exterior.
Con esta resolución, el país deberá detallar exhaustivamente todos sus bienes internacionales, mientras la justicia estadounidense define qué parte de ellos podría quedar sujeta a ejecución para cumplir con la multimillonaria condena. El fallo reafirma la postura estricta de Preska respecto a la obtención de información y anticipa un análisis riguroso sobre la distinción entre activos embargables y estratégicos, con posibles implicancias para el patrimonio estatal argentino.
