El fiscal federal Carlos Stornelli abrió una causa por espionaje ilegal tras la denuncia presentada por el Gobierno, pero aclaró expresamente que respetará el secreto profesional de los periodistas que difundieron los audios y que no allanará sus domicilios, en estricto cumplimiento del artículo 43 de la Constitución Nacional. “En primer lugar, debo decir que en la investigación no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad. Esto incluye la inviolabilidad del domicilio”, señaló Stornelli en su requerimiento de instrucción.
El enfoque adoptado por Stornelli contrasta notablemente con la conducta del juez federal Alejo Ramos Padilla durante la causa del falso abogado Marcelo D’Alessio en 2019. En aquel caso, Ramos Padilla ordenó inicialmente el registro de llamadas telefónicas de varios periodistas, incluidas las de Luis Majul, Nicolás Wiñazki y otros, bajo la supuesta investigación de inteligencia ilegal vinculada a D’Alessio. La decisión fue cuestionada por la Academia Nacional de Periodismo, FOPEA, ADEPA y el Comité de Protección de Periodistas. “Seguramente por temor a no pasar por la ‘picadora’ de destruir periodistas que impulsó Cristina Kirchner con su teoría del Lawfare, otros cinco periodistas que fueron convocados como testigos a Dolores le abrieron sus celulares y sus mails al magistrado”, remarca la memoria de aquel proceso.
En aquel contexto, Ramos Padilla pidió a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), presidida por Adolfo Pérez Esquivel, un análisis de los contactos telefónicos de los periodistas, argumentando la necesidad de mensurar “el alcance de las acciones de inteligencia y espionaje ilegales en los términos del artículo 4° de la ley 25.520 de inteligencia nacional”. Según la CPM, en un informe previo a las elecciones presidenciales de octubre de 2019, de las comunicaciones de D’Alessio “emergen indicios de una posible interacción de inteligencia ilegal” con una docena de periodistas y medios de comunicación, entre ellos Santoro, Jorge Lanata, Luis Majul, Gustavo Grabia, Nicolás Wiñazki, Rodrigo Alegre, Rolando Graña y Guillermo Laborda.
La CPM advirtió que la intención de D’Alessio habría sido “blanquear información producida mediante actividades de inteligencia ilegal”, destacando un patrón de intervención sobre periodistas que, según distintas organizaciones, vulneró garantías constitucionales fundamentales. El giro de Stornelli al proteger explícitamente las fuentes periodísticas marca un contraste con la actuación de Ramos Padilla, generando expectativa sobre cómo se desarrollará la investigación en un marco que prioriza la inviolabilidad de los profesionales de prensa.
Con esta medida, Stornelli busca avanzar en la causa por espionaje sin comprometer la confidencialidad de los periodistas, estableciendo un precedente claro sobre la protección constitucional de las fuentes frente a la actividad de inteligencia estatal.
