En medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad que salpican al Gobierno de Javier Milei, un nuevo capítulo judicial se abrió este lunes con la presentación de una contradenuncia contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La acción fue presentada por Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner en causas civiles, quien hace poco más de una semana había denunciado penalmente a Milei, su hermana Karina, Diego Spagnuolo y los Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, por presuntas coimas en el organismo estatal. La presentación de Dalbón, que aún espera el sorteo del juzgado competente, sostiene que Bullrich cometió abuso de autoridad al intentar frenar la difusión de audios grabados a Karina Milei dentro de la Casa Rosada.
Dalbón advierte en la denuncia que la titular de la cartera de Seguridad promovió la acción judicial “contra periodistas y medios de comunicación con el único fin de amedrentarlos, censurarlos y restringir la libertad de prensa, solicitando medidas manifiestamente contrarias a la Constitución y a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”. Además, el abogado sostiene que el pedido de impedir la reproducción de los audios constituye “un intento de censura previa, prohibida por la Constitución Nacional”. Según su presentación, “el Gobierno nacional intentó utilizar la denuncia penal como herramienta de intimidación, con el objeto de amedrentar a periodistas y condicionar la libertad de prensa”. Dalbón remarcó que los audios “revisten indudable interés público, ya que se trata de una figura que concentra poder institucional en la Secretaría General de la Presidencia” y denunció que la acción del Ejecutivo busca “blindar políticamente al oficialismo y convertir la difusión periodística en un delito, invirtiendo el sentido mismo de la libertad de expresión”.
El abogado solicitó además que el juez cite a declaración testimonial al representante legal del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, quien formalizó la denuncia de Bullrich, y que la ministra sea citada a indagatoria. La denuncia original del Gobierno, que involucra supuestas “operaciones de inteligencia ilegales” para desinformar y desestabilizar el proceso electoral, recayó en el juzgado federal número 12, subrogado por Julián Ercolini, y en la fiscalía de Carlos Stornelli. Tras la presentación, el vocero presidencial Manuel Adorni informó que “la Justicia ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada”, interpretando que se trataba de “una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”.
Los audios, grabados en la Casa Rosada, derivaron de filtraciones que apuntaban a un supuesto entramado de coimas en el que participaban Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, y provocaron la salida de Spagnuolo del Gobierno. La cautelar del juez Alejandro Maraniello ordenó específicamente “el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025, que sean atribuidos a la señora Karina Elizabeth Milei, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”. El Ejecutivo recurrió a la justicia federal, alegando que las maniobras consistieron en “la captación clandestina, manipulación y difusión escalonada de audios privados manipulados de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios”.
