TSJ porteño y Gobierno reclaman cumplimiento de la autonomía judicial frente a la resistencia de jueces nacionales

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Inés Weinberg, y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, coincidieron este martes en denunciar la resistencia de jueces nacionales a ser transferidos a los tribunales locales, casi nueve meses después del fallo Levinas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Durante la inauguración de la segunda sede del TSJ, ubicada en Pellegrini 313, cerca del Obelisco y diseñada por el arquitecto Mario Roberto Álvarez, Weinberg aseguró que “a la justicia nacional le cuesta aceptar nuestra competencia”, y advirtió que esa actitud “perjudica a los ciudadanos porteños”. Macri compartió la postura, resaltando que “vivir en una ciudad autónoma adquiere una relevancia particular para los ciudadanos cuando hablamos de la justicia”, y que la autonomía judicial local implica “más libertad y seguridad para los vecinos”. La inauguración de la nueva sede, con oficinas para la Dirección General de Administración, la Sala de Audiencias Públicas, la Secretaría de Jurisprudencia, áreas de Género e Innovación y el Centro de Formación Judicial, marca un paso hacia la consolidación de un TSJ moderno y despapelizado, orientado a la transparencia y celeridad en la atención a los ciudadanos.

El fallo Levinas, dictado a fines de 2024, estableció que casi 300 jueces nacionales en la Ciudad dejaran de estar bajo el control directo de la Corte Suprema y pasaran a la órbita del TSJ porteño. Sin embargo, las cámaras de apelaciones nacionales se resisten al traspaso, presentando cautelares que han demorado la implementación efectiva de la medida y dificultado la notificación de expedientes a las partes involucradas. Según fuentes judiciales, “ya hay más de 3 mil expedientes en el TSJ pero no podemos notificar a todas las partes por la negativa de las cámaras nacionales a pasar los nombres de los demandados y porque, hasta ahora, la Corte Suprema no nos dio acceso al sistema Lex”. Weinberg recordó que la Constitución de la Ciudad de 1996 otorga al TSJ un mandato “permanente e irrenunciable para agotar en derecho las instancias política y judicial, para preservar la autonomía, y para cuestionar cualquier norma que limite la establecida en los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional”. En ese marco, enfatizó que “la voluntad del constituyente implica completar la autonomía de nuestro Poder Judicial” y que “el desafío es aunar esfuerzos para no perjudicar al destinatario de nuestra labor, que en definitiva es el ciudadano”.

Por su parte, Macri subrayó que la ciudad busca que su autonomía judicial sea “real y efectiva”, y recordó avances como la creación del fuero laboral porteño y la aprobación del Código Procesal de Trabajo, pese a que algunos procesos fueron suspendidos por jueces nacionales mediante cautelares. Asimismo, afirmó que seguirán reclamando la transferencia de competencias pendientes en materia penal, civil y comercial: “No pedimos privilegios ni concesiones, simplemente el cumplimiento de la Constitución”. La actividad del TSJ en lo que va del año refleja la magnitud del desafío: entre enero y mediados de agosto ingresaron 3.917 causas, de las cuales 2.884 corresponden a la doctrina Levinas, incluyendo 2.551 laborales, 259 civiles y comerciales, y 64 penales o correccionales. La puesta en valor del nuevo edificio, con 4.000 m² distribuidos en planta baja, dos subsuelos, un entrepiso y once pisos, permitirá consolidar la estructura administrativa y judicial necesaria para cumplir con la autonomía y garantizar “que los porteños y todos los que vienen a estudiar, a trabajar o a invertir, puedan proyectar, emprender y vivir en libertad”, concluyeron Weinberg y Macri.