El Gobierno oficializó el aumento de retenciones a las exportaciones de soja y maíz a partir del 1º de julio, lo que provocó una fuerte reacción de las entidades agropecuarias. Según el decreto 439/2025, publicado en el Boletín Oficial, los derechos de exportación se fijarán en 33% para la soja y 12% para el maíz. Desde el sector rural, acusan al Ejecutivo de incumplir promesas de campaña y de poner en riesgo la competitividad del agro.
“Son y serán un robo con cualquier gobierno”, afirmó con dureza Ignacio Kovarsky, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap). El dirigente cuestionó al presidente Javier Milei por no cumplir con su promesa de eliminar de inmediato las retenciones: “El Presidente dijo que al asumir las iba a sacar. No sólo no lo hizo, sino que después las bajó parcialmente y ahora posterga la baja. Ya salió un decreto que dice que hasta marzo de 2026 no se bajan para el trigo y la cebada”.
Kovarsky también subrayó que las retenciones han sido históricamente un freno al desarrollo del campo: “Es un impuesto que le puso un techo al desarrollo del país. No hemos logrado hacer entender eso a ningún gobierno. Ni siquiera este, que venía a hacer las cosas distintas”. A pesar de valorar que hoy existe libertad para exportar, en contraste con las políticas restrictivas del kirchnerismo, criticó que la presión fiscal se mantiene alta. Además, recordó que durante el gobierno de Mauricio Macri “las sacaron al principio y eso generó un impulso productivo inmediato”.
Otro punto que preocupa al sector es la pérdida de competitividad frente a países vecinos. “Uruguay, Brasil, Paraguay… ninguno tiene retenciones al agro. Nosotros sí. Así no se puede competir”, advirtió Kovarsky. Señaló también que el tipo de cambio planchado y la carga impositiva actual dejan al productor argentino en desventaja.
Desde el Gobierno, el jefe de Gabinete Guillermo Francos respondió al malestar del campo reconociendo el reclamo, pero defendió la medida en función del equilibrio fiscal: “Siempre escuchamos el reclamo de los productores. Entendemos que los gobernadores agropecuarios se sumen. Pero también es irrazonable que no comprendan que el equilibrio fiscal se mantiene con muchos impuestos que no fueron creados por nosotros”.
En tanto, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), adoptó un tono más moderado. En la antesala de la Exposición Rural de Palermo, que se celebrará del 17 al 27 de julio, reconoció el esfuerzo del Gobierno por reducir otros impuestos y señaló que tal vez no sea el momento de eliminar las retenciones por completo. “Tenemos que tener templanza y recordar de dónde venimos, dónde estamos hoy y el panorama hacia adelante”, expresó. De todos modos, aclaró que la Mesa de Enlace seguirá pidiendo su eliminación.
Mientras tanto, el anuncio del aumento de las alícuotas provocó una avalancha de declaraciones juradas de ventas al exterior por parte del sector agroexportador. Se estima que, ante la inminente suba del tributo, se aceleraron liquidaciones por un monto que oscilaría entre los 6.000 y 7.400 millones de dólares. No se descarta que en los próximos meses las ventas externas se desaceleren, de acuerdo con las decisiones individuales de los productores.
