La ciudad de Clorinda, segunda en importancia dentro de la provincia de Formosa, se convirtió este domingo en uno de los principales escenarios de la elección provincial, en la que el oficialismo se juega no solo la renovación de cargos legislativos y municipales, sino también la composición de la asamblea que deberá reformar la Constitución provincial. El proceso se da en un contexto particular: tras el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la reelección indefinida, el gobernador Gildo Insfrán busca blindar su legado político tras tres décadas en el poder.
El despliegue del aparato electoral oficialista se mostró a plena luz del día, sin disimulo, aún luego del temporal que azotó la ciudad el sábado por la noche. A 117 kilómetros de la capital provincial, Clorinda volvió a convertirse en epicentro del esquema territorial de Insfrán, donde el control del electorado es clave. Hace apenas dos meses, el candidato oficialista Ariel Caniza arrasó en las municipales con el 83% de los votos. Esta vez, sin embargo, la elección adquiere otro peso por la necesidad del peronismo local de sostener el control institucional en un contexto de mayor escrutinio judicial y político.
La jornada electoral también estuvo atravesada por múltiples denuncias e irregularidades. En las calles de Clorinda se multiplicaron remises improvisados, con números pegados en el parabrisas, encargados de trasladar votantes a las escuelas. “Nos pagan el combustible y algo más. Lo hace el oficialismo, pero también la oposición”, dijo a Clarín uno de los choferes, que trabaja como empleado de comercio durante la semana. Según opositores del Frente Amplio Formoseño —espacio en el que confluyen figuras como Juan Montoya, Francisco Paoltroni y Gabriela Neme—, algunos conductores llegaron a cobrar hasta 150.000 pesos por su tarea.
En plena calle Catamarca, una fila de unas veinte personas esperaban tras emitir su voto. Según vecinos y opositores, “se paga hasta $20 mil”. En el barrio Eva Perón, a pocas cuadras de la avenida Néstor Kirchner, un numeroso grupo de vecinos se concentraba frente al Instituto Provincial de Vivienda, uno de los organismos más emblemáticos de la gestión de Insfrán. En paralelo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ordenó un refuerzo del control fronterizo con gendarmes apostados en las pasarelas que unen Clorinda con Nanawa (ex Puerto Elsa), del lado paraguayo, para evitar el ingreso irregular de votantes.
Las sospechas sobre el posible uso de votantes con doble nacionalidad volvieron a cobrar fuerza, aunque desde Migraciones informaron que el flujo de ingresos a la provincia “no varió con respecto a la semana anterior”: poco más de 16.500 personas entre argentinos, paraguayos residentes y visitantes. “En la presidencial y la de gobernador se paga bien”, deslizó un comerciante local, en alusión al incentivo económico que recibirían quienes cruzan desde Paraguay para votar.
En este clima enrarecido, el senador José Mayans, cercano al gobernador y figura histórica del PJ local, votó acompañado de sus hermanas en su ciudad natal. Consultado por las denuncias de compra de votos, respondió: “Siempre está el verso de la compra de votos. Vos podrías pagarle $100 mil pesos a alguien, pero después en el cuarto oscuro, ¿quién lo controla? Puede ser algún caso, pero la gente vota lo que quiere”. Mayans también rechazó la idea de que la Corte haya intentado proscribir a Insfrán y se negó a comparar la situación con la de la ex presidenta Cristina Kirchner.
La elección en Formosa expone una vez más las tensiones entre legalidad, poder territorial y prácticas clientelares en una provincia donde el control político ha sido históricamente férreo. Esta vez, sin embargo, el escenario se presenta más complejo, con la Justicia Nacional observando de cerca, una oposición más articulada y un electorado que podría comenzar a mostrar señales de desgaste.
