En medio de las dificultades para engrosar las reservas internacionales sin intervención directa del Banco Central, el Gobierno nacional anunció que este miércoles iniciará la colocación del Bopreal Serie 4, un bono en dólares por hasta US$ 3.000 millones. Esta nueva herramienta financiera busca ofrecer una vía legal a empresas para pagar impuestos, regularizar compromisos aduaneros, cancelar deudas fiscales y girar dividendos, en un contexto de persistente cepo cambiario. La medida se inscribe en un paquete más amplio de iniciativas para reforzar el frente externo sin desatar tensiones en el mercado cambiario.
Según el pliego oficial, la licitación podrá repetirse en sucesivas rondas si no se alcanza el monto total previsto. El bono devengará una tasa de interés del 3% anual, pagadera semestralmente, y el capital se amortizará en su totalidad en octubre de 2028. La suscripción será en pesos, al tipo de cambio oficial. Los destinatarios de esta herramienta son importadores con deudas previas a diciembre de 2023, empresas con pasivos intra compañía, y firmas con utilidades no giradas al exterior. Según datos oficiales, las deudas acumuladas por importadores ascienden a US$ 53.600 millones y los dividendos pendientes rondarían los US$ 7.000 millones.
Aunque la primera colocación del Bopreal Serie 4 estaba programada para mayo, el Banco Central demoró su lanzamiento, en parte por la baja expectativa de demanda del sector privado. Esta subasta se concreta tras el anuncio de un conjunto de medidas que incluyeron un préstamo REPO con bancos internacionales y la reapertura del Bonte 2030, con el objetivo de captar divisas. Con el Bopreal, el Gobierno apunta a ordenar los pasivos externos con un cronograma de pagos y, al mismo tiempo, absorber pesos del mercado local.
No obstante, la acogida del mercado ha sido, hasta ahora, más bien escéptica. A pesar de los incentivos anunciados por el Banco Central –como la posibilidad de utilizar hasta US$ 1.000 millones del bono para cancelar impuestos–, analistas financieros advierten que el costo implícito del bono es elevado. “El Bopreal solo sirve para evitar la restricción cruzada, pero te cuesta un 20% más que el dólar oficial. Es muy caro”, dijeron desde una entidad financiera. Según cálculos de la consultora Delphos, el dólar implícito que pagan las empresas que suscriben el bono oscila entre los $1.390 y $1.515, frente a un tipo de cambio oficial de $1.200.
Empresas como Toyota, que fueron pioneras en la primera edición del Bopreal en enero, ya descartaron su participación en esta nueva serie. “Fuimos los primeros en suscribir el anterior Bopreal. Funcionó para reducir deuda con proveedores del exterior, pero ahora no lo necesitamos para dividendos”, afirmaron desde la automotriz japonesa. En tanto, operadores bursátiles y economistas advierten que el Gobierno podría haber cerrado acuerdos anticipados con grandes empresas para asegurar la colocación. “No veo muchos incentivos para participar. La lógica indica que debería ir mal, aunque este Gobierno suele tener todo cocinado antes de salir a jugar”, opinó Federico Machado, economista de Economía OPEN.
El desafío para la gestión de Javier Milei será generar suficiente interés en un instrumento que, si bien permite cierta legalidad en un contexto de restricciones, implica una postergación prolongada del cobro de capital y un costo cambiario alto. Por ahora, el éxito de la licitación dependerá más de compromisos previos que de una demanda espontánea.
