Cinco gremios del sector aeronáutico presentaron este lunes una denuncia formal ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el Gobierno de Javier Milei. La acusación, impulsada por sindicatos encabezados por el dirigente Pablo Biró, sostiene que la administración nacional violó “principios fundamentales” de libertad sindical y limitó el derecho a huelga, en el marco de una política que consideran “regresiva” en materia de derechos laborales.
La denuncia fue difundida un día antes de un paro de pilotos que obligó a Aerolíneas Argentinas a cancelar o reprogramar 50 vuelos, afectando a unos 6 mil pasajeros. Desde la empresa estatal cuestionaron duramente la medida, señalando que “queda claro que esta medida carece de fundamentos laborales y responde, en cambio, a los intereses políticos de la conducción gremial de APLA, y no a los de sus representados”. La firma aseguró además que “durante las reuniones de trabajo mantenidas con ese gremio, incluso después de la firma de dicho acuerdo, nunca se presentaron reclamos adicionales de una urgencia tal que justificaran una medida de fuerza de esta magnitud”.
La presentación ante la OIT fue firmada por la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). En el texto, los sindicatos denunciaron que los decretos 70/2023, 825/2024 y 831/2024 “impulsan un modelo regresivo en derechos laborales” y buscan “desmantelar garantías constitucionales”. La presentación fue dirigida a Corinne Vargha, directora del Comité de Libertad Sindical del organismo.
“No estamos solo defendiendo derechos laborales: estamos enfrentando un intento deliberado de eliminar el derecho a huelga en un sector estratégico para el país”, sostuvo Juan Pablo Brey, secretario general de la AAA. Los gremios remarcaron que la declaración de la actividad aeronáutica como “servicio esencial” fue “sin fundamento técnico ni consulta sindical, con el objetivo de restringir ilegítimamente el ejercicio del derecho de huelga”. Desde el Gobierno, en cambio, insisten en que las medidas de fuerza son “extorsivas” y afectan a miles de pasajeros, y consideran que los sindicatos utilizan las asambleas como herramientas de presión política.
La denuncia también cuestiona que el Ejecutivo “intervino y reglamentó las asambleas sindicales, cercenando su libre desarrollo” y denunció una supuesta “criminalización de la protesta gremial” mediante la judicialización de las acciones sindicales. Los gremios afirman que estas medidas se implementaron en un contexto de “despidos masivos, presión para aceptar retiros voluntarios” y una fuerte caída del poder adquisitivo de los salarios.
Por último, los sindicatos argumentaron que el uso de decretos para modificar derechos laborales consagrados viola el principio de legalidad y desconoce compromisos internacionales asumidos por el país. “Lo impulsado desde el Estado constituye una violación flagrante a la libertad sindical, al derecho de sindicación y, especialmente, al derecho de huelga”, señalaron. Por ello, solicitaron a la OIT “que reconozca la gravedad de las violaciones denunciadas y actúe con urgencia para proteger los derechos esenciales de las y los trabajadores del sector aeronáutico”.
