Pese a los fallos judiciales que impiden la concreción de despidos sin causa, el Gobierno nacional sigue adelante con su plan de “modernización” del Estado, impulsando cambios profundos en organismos descentralizados y empresas públicas. Uno de los focos de esta transformación es el Banco Nación, que recientemente incorporó a tres altos directivos provenientes del sector financiero privado. Al mismo tiempo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Agencia Federal de Recaudación (ARCA), puso en marcha una importante reducción de cargos jerárquicos en la Aduana.
Según fuentes del sector, el Banco Nación sumó como subgerente general de Cumplimiento a Claudio Gustavo Scarso, exjefe de auditoría interna del Banco Galicia, con una trayectoria de 25 años en la entidad tras su paso por el Grupo Mariva. También se incorporó Javier Santolia, exGalicia y exHipotecario, quien asumió como gerente de Tecnología del banco estatal. En abril, se designó a Marisa Ures, con tres décadas de experiencia en el HSBC, como gerente departamental de Prevención de Fraudes. “No habían encontrado esos perfiles dentro del banco”, explicaron fuentes cercanas a la conducción.
Desde la institución presidida por Daniel Tillard señalaron que, más allá de las restricciones impuestas por la Justicia, el proceso de reforma sigue su curso. “Más allá de la suspensión dictada por el juez Ramos Padilla, la transformación está en marcha para más transparencia y eficiencia. Se está profesionalizando el Banco Nación. El objetivo es sostener el liderazgo del Banco Nación en el sistema financiero y convertirlo en un banco tecnológico. En ese camino estamos”, afirmaron voceros del banco.
No obstante, el proceso enfrenta obstáculos judiciales. El viernes pasado, la Cámara Federal de La Plata ratificó el fallo del juez Ramos Padilla que suspendió el Decreto 116/2025, mediante el cual el Gobierno intentó convertir al Banco Nación en una sociedad anónima. La decisión fue celebrada por el gremio La Bancaria, mientras que la entidad financiera anticipó que apelará la medida ante la Corte Suprema.
En paralelo, ARCA avanzó con la eliminación de unos 130 cargos jerárquicos en la Aduana, en el marco de un proceso que ya había comenzado en otras áreas clave como la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección de Seguridad Social. Las modificaciones, formalizadas a través de resoluciones internas, implican una reorganización de funciones sin despidos, aunque sí suponen una reducción salarial para muchos trabajadores. La Justicia también le impidió a ARCA ejecutar despidos sin causa, pero el titular del organismo, Juan Pazo, ya logró implementar 3.000 retiros voluntarios y jubilaciones desde octubre, reduciendo la dotación de personal a 20.000 empleados.
El Gobierno acelera estas reformas ante la inminente expiración de las facultades delegadas que otorga la Ley Bases, previstas para el 8 de julio. En ese marco, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tiene listos 13 decretos que apuntan a reorganizar y reducir estructuras en los ministerios de Economía, Capital Humano y Salud, a cargo de Luis Caputo, Sandra Pettovello y Mario Lugones, respectivamente. Con un escenario judicial complejo y resistencias gremiales crecientes, la administración de Javier Milei busca consolidar su política de achique del Estado antes de perder herramientas clave para avanzar en ese camino.
