Productores agropecuarios de la provincia de Buenos Aires manifestaron su sorpresa e indignación tras recibir la segunda cuota del impuesto inmobiliario rural con un incremento promedio del 9,4%. Desde Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) advierten que no existe una ley fiscal vigente para 2025 que habilite estos aumentos, y acusan al gobierno de Axel Kicillof de haber prorrogado de forma dudosa las facultades otorgadas por el Poder Legislativo el año anterior.
“No hay una ley fiscal impositiva aprobada para el año 2025, por lo que Axel Kicillof prorrogó la ley del 2024 en donde no está claro la legalidad”, señaló Pablo Ginestet, dirigente de Carbap. Según explicó, no solo se mantuvieron los valores nominales del año anterior, sino que además se extendieron las facultades especiales que había recibido el Ejecutivo en 2024 para fijar el valor de los tributos. “Se autoprorrogó potestades que no tiene y que se las tiene que dar efectivamente el Legislativo. Entonces, mediante un decreto dijo que estaban prorrogadas las facultades, una cosa muy rara y parece a priori bastante ilegal”, denunció Ginestet.
El malestar creció al compararse las dos primeras cuotas del año. Mientras que la primera llegó con los mismos valores que en 2024 —algo que los productores consideraron “dentro de lo lógico”—, la segunda llegó con aumentos en todas las categorías, desde inmobiliario rural y urbano hasta patentes. “Aprovechan una cláusula de las que se prorrogó que puede actualizar las cuotas en función de la inflación que había habido en esos meses”, explicó el dirigente rural, quien cuestionó la validez de esa herramienta sin una ley fiscal que la respalde formalmente.
Por su parte, el presidente de Carbap, Ignacio Kovarsky, sumó más críticas a la administración provincial. “Son coletazos de no tener una ley fiscal aprobada. Nosotros insistimos que son facultades que le dieron al Gobernador el año pasado, pero hay que ver si este año tiene las mismas facultades porque se prorrogó desde el Ejecutivo”, sostuvo. En ese marco, recordó que la provincia no tiene presupuesto desde 2023. “Están cobrando impuestos sobre un gasto que no sabemos cuál es”, cuestionó.
Kovarsky también expresó incertidumbre respecto a si se cobrará o no una eventual quinta cuota, como ocurrió el año pasado. Además, alertó sobre el impacto de la falta de actualización de los mínimos no imponibles en el impuesto sobre los Ingresos Brutos, lo que —según explicó— amplía la base de contribuyentes alcanzados y genera más presión fiscal sobre sectores que hasta ahora estaban exentos. En este contexto, los productores reclaman previsibilidad, legalidad y una discusión abierta sobre la política tributaria provincial.
