La empresa energética Raízen, una alianza entre Shell y el grupo brasileño Cosan, avanza con su plan de desinversión para reducir su nivel de endeudamiento. En ese marco, la compañía analiza desprenderse de su operación en Argentina, donde posee una de las refinerías más importantes del país. Según informó el diario Estado de São Paulo, firmas como la singapurense Trafigura —dueña de Puma Energy— y la anglo-suiza Glencore estarían evaluando adquirir los activos locales de Raízen.
La operación está siendo coordinada por el banco de inversión BTG Pactual, que recibió el mandato para llevar adelante la venta. En tanto, desde Shell Argentina indicaron que no tienen información sobre negociaciones en curso. Especialistas del sector señalaron que se trata de un proceso incipiente que podría extenderse varios meses debido a la necesidad de realizar auditorías exhaustivas antes de concretar cualquier operación.
Entre los activos en análisis figura la refinería de Dock Sud, ubicada en la provincia de Buenos Aires, considerada la más antigua del país y con una capacidad de procesamiento de 100.000 barriles diarios. Esta planta solo es superada por dos instalaciones controladas por la estatal YPF. Además, Raízen cuenta con unas 700 estaciones de servicio, una planta de lubricantes, terminales terrestres, bases en aeropuertos y activos de GLP. La empresa adquirió la operación de Shell en Argentina en 2018 por una cifra cercana a los 1.000 millones de dólares.
La decisión de Raízen de profundizar su estrategia de desinversión no es nueva, aunque esta vez abarca activos considerados clave, como plantas de azúcar y etanol en Brasil. Según analistas consultados por Estadao, la venta de estas unidades podría generar ingresos por 7.000 millones de reales (alrededor de 1.225 millones de dólares), mientras que incluyendo los activos argentinos, la cifra ascendería a 15.000 millones de reales (unos 2.630 millones de dólares), suficientes para equilibrar el apalancamiento de la compañía.
De concretarse, la salida de Raízen de Argentina se sumaría a una tendencia creciente de empresas multinacionales que deciden abandonar el país. Exxon Mobil, HSBC y Mercedes-Benz ya tomaron decisiones similares, a pesar del nuevo clima de mayor expectativa que generaron las reformas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei. Así, la potencial venta vuelve a encender las alarmas sobre el impacto de la incertidumbre local en la estrategia de las grandes compañías.
Tras el anuncio del Gobierno nacional sobre el nuevo esquema de blanqueo de capitales, el Gobierno de Santa Fe presentó una batería de medidas locales orientadas a prevenir el lavado de dinero y limitar el financiamiento de organizaciones criminales. La iniciativa santafesina, encabezada por los ministros Pablo Olivares (Economía) y Pablo Cococcioni (Seguridad), busca neutralizar los efectos colaterales del plan económico que, según advierten, podría beneficiar indirectamente al crimen organizado.
“Estamos con el propósito de la reactivación económica, pero también trabajamos para que ese 1% de la población que hackea al 99% no pueda sacar ventajas de estas medidas que ayer anunció el Gobierno nacional”, explicó Olivares. Aunque reconoció el impulso que el paquete nacional puede dar a la economía formal, remarcó que también despierta “interrogantes” por posibles beneficios no deseados. “Que estas medidas aparezcan apuntando a aquellos que no lo hicieron a través de un blanqueo y que eso sea a expensas de cerrar parcialmente los ojos, porque de alguna manera es quitar determinados controles, nos hace interrogantes y por eso tenemos que tener los ojos más abiertos que nunca”, sostuvo el ministro.
Desde el Ministerio de Seguridad, Cococcioni adelantó la formación de un comité que funcionará dentro del área de Inteligencia y estará dedicado a detectar y frenar la circulación financiera de organizaciones delictivas. “No se trata de suplantar los controles, no se trata de instituir nuevos controles, sino de focalizarnos en aquellos sujetos vinculados a organizaciones criminales y apuntarles directamente a ellos y a su poderío económico, que es lo que les da posibilidad de seguir financiando la violencia”, explicó. El funcionario fue contundente al señalar que si no se desarticula la capacidad financiera de estas redes, “la tarea va a estar siempre incompleta y expuesta a rebrotes en cualquier momento”.
Una de las principales preocupaciones de las autoridades santafesinas es la flexibilización de ciertos controles que, consideran, podrían facilitar maniobras ilegales. “Con las nuevas regulaciones se naturaliza que se hagan transacciones de hasta 10 millones de pesos en efectivo. Que el 99% de la población opere así, no es inconveniente. El problema es que sea una ventaja para ese 1% del que venimos hablando”, ejemplificó Olivares.
Desde la Casa Rosada, el ministro de Economía Luis Caputo defendió el alcance del programa y aseguró que no habrá margen para que fondos ilícitos ingresen sin supervisión. “El dinero de la corrupción es parte de la investigación de la UIF”, aseguró, y añadió que “corrupción, terrorismo, narcotráfico, todo eso la UIF lo va a seguir investigando y va a tener más herramientas que antes por un tema de tamaño”.
En contraposición, Cococcioni subrayó la necesidad de actuar con firmeza desde las provincias. “Cuando en Rosario hablamos de circulación del dinero, no hablamos del dinero solo: hablamos de gente que mataron porque alguien le pagó a un sicario, y ese que le pagó al sicario circuló dinero del narcotráfico. Para nosotros es una situación de violencia, ligada al crimen. No tanto del delito económico puro”. Por ello, Santa Fe apuesta a una estrategia propia y focalizada, que permita frenar el avance de la criminalidad desde su principal fuente de poder: el dinero.
