En una nueva medida impulsada por el Gobierno, se ha oficializado la reducción de la estructura organizativa en la Aduana y ARCA central, siguiendo la senda de los recortes realizados previamente en la DGI. Esta decisión, publicada el viernes a través de la disposición 61/2025, busca instaurar una “estructura moderna y ágil”, según lo declarado por las autoridades del organismo. En particular, se redujeron subdirecciones, direcciones y departamentos, con el objetivo de optimizar la eficiencia en la gestión. “Se va hacia una reducción de la estructura, pero no podés sacar personal. Del 2019 al 2023 aumentó más del 15%, ahí están los 3.100 empleados que sumó”, afirmaron fuentes cercanas a ARCA, justificando la medida.
Sin embargo, esta reestructuración ha generado malestar entre los sindicatos, especialmente después de la decisión de aplicar una suba salarial del 6,46% a los empleados del organismo, medida que fue anunciada el jueves y entrará en vigor este lunes. Para los gremios, el aumento resulta insuficiente, dado que la inflación entre enero y abril se estima cercana al 11,5%, lo que deja una brecha salarial difícil de cerrar. “Tenemos salario congelado hace 14 meses”, expresó Pablo Flores, titular del sindicato AEFIP, quien también convocó a una protesta para este martes. El aumento, que se establece en un 1,6% mensual, se encuentra por debajo de las expectativas de los trabajadores, que también se quejan por la decisión unilateral del Gobierno de no abrir una mesa de negociación salarial.
Por otro lado, la reforma estructural también incluye la eliminación de 84 agencias del interior del país, lo que ha generado el rechazo del sindicato de personal superior (UPSAFIP), que ha expresado su desacuerdo con la medida. “Lo más triste de todo esto es que el ahorro por la dirección general eliminada de Seguridad Social, las 450 jefaturas entre DGI y Aduana, las 84 dependencias del interior y los 3.000 agentes que se fueron en el último año y medio por jubilaciones y retiros, el ahorro es del CERO por ciento”, señaló Julio Estévez, titular de UPSAFIP. La disolución de estas agencias, que afecta directamente a las regiones del interior, ha provocado un fuerte rechazo en diversas fuerzas políticas y sindicales.
El ambiente se complica aún más con la postura de las autoridades del organismo, que justifican las reformas como parte de una estrategia de modernización y eficiencia. En una carta dirigida al personal, el presidente de ARCA, Juan Pazo, defendió la necesidad de reducir costos, apuntando a la creación de 450 cargos durante el gobierno anterior que, según él, respondían a “necesidades de la casta política”. Sin embargo, las medidas no han logrado calmar el descontento en el sector, que se prepara para una jornada de protesta y una movilización de la CGT, prevista para el miércoles.
