El Ministerio de Defensa emitió órdenes reservadas que autorizan a los militares desplegados en el norte del país, en el marco del “Operativo Roca”, a realizar aprehensiones transitorias de civiles que sean sorprendidos cometiendo delitos en flagrancia. La medida, que forma parte de las denominadas “reglas de empeñamiento”, generó preocupación en el ámbito militar y críticas por parte de la oposición, ante el riesgo de que se vulneren los límites legales vigentes en materia de seguridad interior.
“Podrán proceder a la aprehensión transitoria de personas que se encuentren cometiendo delitos en flagrancia, informando inmediatamente de ello a las Fuerzas de Seguridad, al Juzgado correspondiente o al Ministerio Público Fiscal”, señala uno de los artículos del anexo reservado de la resolución 347, firmada por el ministro de Defensa, Luis Petri. Según el funcionario, esta facultad se sustenta en el Código Procesal Penal de la Nación, que habilita a cualquier autoridad o incluso a un particular a detener a alguien en el acto de cometer un delito.
Las reglas de empeñamiento determinan cómo deben actuar las tropas ante eventuales amenazas: desde su comportamiento público hasta el uso de armas y la intervención en situaciones de riesgo. Entre otras directivas, se instruye a los militares a “impedir o repeler la agresión mediante el uso de inflexiones de voz de un modo firme e inequívoco” y a desplegar técnicas “físicas, químicas o mecánicas” como parte del llamado “control disuasivo”. También se establecen distintos niveles de apresto de las armas de fuego, pero se prohíbe su uso contra vehículos o personas sospechosas que intenten huir de un puesto de control.
La iniciativa, que ya comenzó en Salta con 1.300 efectivos y que prevé movilizar a unos 10.000 soldados hasta fin de año, fue implementada sin respaldo de un decreto presidencial ni de una ley específica. Para fuentes militares consultadas, “no especifica claramente la responsabilidad de la cadena de mando” ni el rol preciso de las Fuerzas Armadas al “complementar” a Gendarmería y Prefectura. Además, advirtieron que la resolución “no concuerda con los decretos vigentes que regulan la organización y el funcionamiento” de las Fuerzas Armadas.
En el plano operativo, también surgen obstáculos. Petri fue advertido hace semanas sobre “la imposibilidad material de enviar diez mil hombres” a la frontera norte en simultáneo, y persisten diferencias salariales entre efectivos militares y miembros de fuerzas de seguridad, que cobran hasta un 30% más. El “Operativo Roca” es el tercer intento en dos décadas por reforzar militarmente las fronteras del norte, sin que hasta ahora se hayan logrado resultados efectivos frente al narcotráfico y el contrabando.
Mientras tanto, se reaviva el debate legislativo sobre la necesidad de actualizar las leyes de Defensa y Seguridad Interior, aprobadas durante los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem. Tanto legisladores del radicalismo como sectores del propio Ejército coinciden en que la seguridad debe fortalecerse con todos los recursos disponibles, pero con roles bien delimitados entre fuerzas armadas y fuerzas de seguridad.
