Mientras el Gobierno nacional avanza con negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se compromete a implementar una reforma laboral, el sistema de Riesgos del Trabajo enfrenta una creciente presión por el aumento sostenido de los juicios por accidentes laborales. Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), solo en el primer trimestre del año se iniciaron 25.621 nuevos litigios. De mantenerse esta tendencia, se proyecta que en 2025 la cifra podría alcanzar los 132.000 juicios, superando incluso el récord histórico de 2017.
“El incremento sostenido de la litigiosidad, a contramano de una disminución sistemática en la cantidad de accidentes, tiene un impacto directo sobre toda la estructura productiva argentina, afecta la empleabilidad, incrementa los costos de producción y, por ende, la competitividad del sector privado”, señalaron desde la UART. Actualmente, el sistema cubre a más de 10 millones de trabajadores en todo el país y otorga anualmente alrededor de 14 millones de prestaciones asistenciales. Sin embargo, la escalada judicial pone en jaque su sostenibilidad.
Mara Bettiol, presidenta de la UART, advirtió que “el sistema está en riesgo producto del exacerbado crecimiento de la litigiosidad y un esquema de actualización de los montos de indemnizaciones que no responde a la normativa vigente”. Además, remarcó que el crecimiento de los juicios “tiene un impacto indudable no sólo sobre el sistema sino también en la competitividad, el crecimiento y en la generación de empleo de nuestro país”. Las jurisdicciones más afectadas por esta problemática son la Provincia de Buenos Aires, que concentra el 40% de los juicios, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el 19%. También se destacan Santa Fe, Mendoza y Córdoba.
Desde la UART recuerdan que el último pico de litigiosidad se dio en 2017, con 130.700 demandas, lo que derivó en una reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo. Esa normativa estableció parámetros claros para las indemnizaciones y dispuso la creación de Cuerpos Médicos Forenses en cada provincia. Sin embargo, según explican, “pese a la adhesión generalizada de las provincias a la ley nacional, los poderes judiciales provinciales han demorado la implementación de los Cuerpos Médicos Forenses, lo que volvió a multiplicar el número de juicios”. Bettiol hizo un llamado a las autoridades judiciales para que se avance con estas medidas: “Las consecuencias de la inacción serían catastróficas en la estructura productiva argentina”.
