Tras la conferencia de prensa del ministro de Economía, Luis Caputo, la cadena nacional del presidente Javier Milei y un breve comunicado inicial del Fondo Monetario Internacional (FMI), finalmente en la madrugada del martes se conoció el esperado staff report del organismo. El documento, que detalla los compromisos asumidos por Argentina como parte del nuevo acuerdo con el Fondo, traza una hoja de ruta que se extenderá hasta diciembre de 2026. Aunque el informe contiene menos detalles que en ocasiones anteriores, establece fechas concretas para la implementación de reformas clave en materia fiscal, impositiva y de gasto público.
Uno de los puntos destacados es el cronograma de compromisos que el Gobierno deberá cumplir ante el FMI. En septiembre de 2025, la administración nacional deberá presentar al Congreso el proyecto de ley de Presupuesto 2026 junto con un marco fiscal de mediano plazo y un informe de riesgos fiscales. Además, se exigirá la publicación de un plan para eliminar los fondos fiduciarios restantes, buscando mayor eficiencia y transparencia en su manejo. “Publicar un plan para eliminar el resto de los fondos fiduciarios que aún quedan y mejorar su manejo”, indica el reporte.
En noviembre de ese mismo año, se espera que el Gobierno avance con la privatización o concesión de empresas públicas incluidas en la Ley Bases, con un proceso que deberá ser transparente y regido por nuevas directrices. También se estipula la desregulación del Mercado Eléctrico Mayorista mediante la implementación de la resolución 21/2025. Además, se deberá publicar un informe con los resultados y recomendaciones de la evaluación del cumplimiento argentino con los estándares del GAFI en materia de lavado de dinero.
El mes de diciembre de 2025 será particularmente exigente. Para ese entonces, el Gobierno deberá eliminar todos los fondos fiduciarios —salvo el que subsidia el gas residencial— y avanzar hacia una tarifa energética unificada complementada con una tarifa social. También se deberá ampliar el alcance del sistema de información financiera a más organismos públicos y consolidar un registro social único a partir de la integración de bases de datos administrativas. En este marco, deberá presentarse una propuesta de reforma tributaria “integral y neutral en ingresos”, que elimine gradualmente los impuestos distorsivos y simplifique el sistema impositivo. “El impuesto a las sociedades necesita una simplificación sustancial”, advierte el informe, que sugiere considerar “tasas más bajas” y una racionalización de deducciones y exenciones.
El cronograma culmina en diciembre de 2026, cuando el Gobierno deberá presentar al Congreso un diagnóstico y propuestas para reformar el sistema previsional, con el objetivo de “mejorar su equidad y sostenibilidad”. También se exigirá una propuesta para reformar la Ley de Responsabilidad Fiscal e incorporar en la legislación la regla de déficit fiscal cero, una de las principales banderas del programa económico del oficialismo.
