Con la participación de peritos del Ministerio Público Fiscal y peritos de parte, comenzó una pericia contable fundamental en la causa que investiga presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas de Cristina Fernández de Kirchner entre los años 2009 y 2015. La medida fue dispuesta por el fiscal federal Gerardo Pollicita, tras la reapertura del expediente ordenada por la Cámara Federal porteña. La investigación se enfoca en ocho puntos clave, entre ellos la declaración de bienes inmuebles, plazos fijos y la tenencia de dólares, así como también la correcta exteriorización del patrimonio accionario de las empresas familiares Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.
Pese a que en distintas oportunidades la justicia había archivado la causa al considerar que no había elementos para imputar a la ex presidenta por enriquecimiento ilícito, en 2024 la Cámara Federal decidió reabrir el expediente. El objetivo es esclarecer si existieron omisiones o irregularidades en las declaraciones patrimoniales. “A fin de que un profesional en la materia… proceda a echar luz sobre las inconsistencias y omisiones en las declaraciones juradas aquí denunciadas y, en su caso, determinar las consecuencias impositivas que podrían traer aparejadas”, expresó el tribunal. La causa toma como antecedente denuncias de la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en el expediente.
Uno de los focos del estudio es el valor declarado de las acciones de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A., firmas vinculadas al supuesto lavado de activos. También se analiza si existió una errónea asignación del patrimonio entre los bienes personales de Cristina Fernández y Néstor Kirchner, y las sociedades que ambos integraban. Entre los puntos más sensibles, se encuentra la relación económica con el empresario Lázaro Báez. En este sentido, se revisan operaciones entre las empresas de la familia Kirchner y Austral Construcciones, propiedad de Báez, y la titularidad de terrenos que habrían sido transferidos sin reflejarse correctamente en las declaraciones oficiales.
La justicia también puso la lupa sobre la valuación y la declaración de propiedades ubicadas en El Calafate y Río Gallegos. Por ejemplo, se investiga un terreno de 87.000 m² ubicado a orillas del Lago Argentino que, según la fiscalía, “nunca habría sido declarado por la ex mandataria a su nombre, sino al de su cónyuge”. Ese inmueble, valuado en 14,7 millones de pesos en 2016, también forma parte de la causa conocida como la “Ruta del Dinero K”. En paralelo, se estudia la incorporación de construcciones en terrenos que habrían sido cedidos por Báez a la expresidenta, sin traspaso formal de titularidad y con declaración tardía.
El análisis se extiende también a los plazos fijos y depósitos en dólares declarados por Cristina y Néstor Kirchner. Según el expediente, los montos presentados ante la Oficina Anticorrupción “no se condecían con lo informado en el proceso sucesorio del expresidente”. La fiscalía busca establecer la cantidad, tipo de moneda y origen de los fondos, además de determinar si existió capacidad económica real para justificar ese nivel de ahorro. “Las inconsistencias en las declaraciones juradas patrimoniales de la nombrada se encuentran debidamente acreditadas… y dicha circunstancia es -de por sí- una manifestación visible del desequilibrio entre el patrimonio real de aquella y lo efectivamente declarado”, sostuvieron los camaristas.
Finalmente, el Ministerio Público Fiscal intenta reconstruir el recorrido completo del patrimonio de la ex presidenta, señalando que su incremento —declarado en 77 millones de pesos en 2015— sería el resultado de la gestión pública y de las actividades inmobiliarias y hoteleras familiares. Sin embargo, esos negocios fueron objetados por la justicia como “pantallas para simular fondos de origen espurio”. A partir de 2016, Cristina Kirchner transfirió sus bienes a sus hijos Máximo y Florencia, iniciando una nueva etapa de declaraciones juradas sin propiedades, empresas ni depósitos a su nombre. La pericia actual, cuyos resultados serán determinantes, podría redefinir el rumbo judicial de esta causa.
