Este miércoles, Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, se reunió con las autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires, lideradas por su titular, Inés Weinberg. El encuentro marcó el inicio de un diálogo para implementar el fallo “Levinas”, una decisión que modifica el esquema de apelaciones judiciales y genera desafíos para la abogacía en la Ciudad. La reunión tuvo lugar en la sala de Acuerdos de la sede del Tribunal, ubicada en Cerrito 760, y contó con la presencia de la vicepresidenta del TSJ, Alicia Ruiz, y los jueces Marcela de Langhe y Santiago Otamendi.
El fallo “Levinas”, dictado a fines de 2024, dispuso que los jueces de las Cámaras Nacionales de Apelaciones queden bajo la órbita del TSJ porteño, en lugar de recurrir directamente a la Corte Suprema. Esto implica que casi 300 jueces nacionales estarán sujetos al control del TSJ, lo que ha suscitado resistencias entre algunos magistrados, quienes argumentan que sus nombramientos por el Senado de la Nación no justifican una subordinación al tribunal porteño. Este debate, que se remonta a la reforma constitucional de 1994, pone de relieve las tensiones en torno a la autonomía de la Ciudad.
Durante la reunión, las partes acordaron medidas concretas para facilitar la transición, incluyendo la creación de tutoriales y recursos digitales para que los abogados puedan adaptarse al nuevo esquema de apelaciones. “Vamos a trabajar estrechamente para difundir los pasos que deben seguir los letrados”, aseguraron desde el TSJ. Por su parte, el Colegio Público de la Abogacía anunció que pondrá a disposición su estructura institucional para colaborar con los profesionales del derecho en esta etapa. “En los próximos días brindaremos detalles sobre estas herramientas”, anticipó Gil Lavedra.
El encuentro contó también con la participación de Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Este tipo de reuniones, explicaron las autoridades, se replicará con otros actores del ámbito judicial para garantizar una transición ordenada. Si bien algunos jueces nacionales han manifestado su oposición al fallo, las autoridades buscan consensuar soluciones que respeten tanto la autonomía porteña como los derechos procesales de las partes involucradas.
