El juez federal argentino Ariel Lijo ordenó este lunes la captura internacional de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, su esposa Rosario Murillo y una docena de colaboradores cercanos, por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su régimen. La orden de detención se basa en el principio de jurisdicción universal, que permite a los países juzgar crímenes graves sin importar el lugar donde hayan ocurrido. La denuncia, presentada en 2022 ante los tribunales federales de Comodoro Py, apunta a la “violación sistemática de derechos humanos” desde 2018, cuando comenzó la represión estatal en Nicaragua. Darío Richarte, abogado que representa a las víctimas, detalló a la agencia AFP que Ortega y Murillo son acusados de “asesinato, privación grave de la libertad, desaparición forzada, tortura y persecución de colectivos”. Además, Richarte calificó el régimen de Ortega como “tal vez la dictadura más sangrienta que ha existido en el continente”.
La denuncia, apoyada por profesores y alumnos de la Universidad de Buenos Aires, amplió su alcance conforme aumentaban las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Según los denunciantes, el régimen de Ortega y Murillo orquestó un “plan criminal de represión” que incluyó, además de las acusaciones mencionadas, deportaciones y traslados forzosos de la población. Testimonios de víctimas, cuyo anonimato se preservó por razones de seguridad, sustentan las acusaciones. La acción judicial fue presentada inicialmente en agosto de 2022, pero se fue ampliando a medida que la dictadura cometía nuevas violaciones. Los responsables de la estructura estatal, policial, militar y paramilitar también fueron incluidos en las órdenes de captura.
El contexto social y político de Nicaragua, marcado por la brutal represión y la reciente reforma constitucional aprobada en noviembre por el Congreso nicaragüense, ha generado una creciente preocupación internacional. Dicha reforma otorga a Ortega y Murillo un control absoluto sobre los poderes del Estado, consolidando su régimen autoritario. A nivel internacional, el régimen de Ortega ha sido criticado por la aprobación de leyes represivas, como la “ley mordaza”, que castiga con hasta cinco años de prisión las publicaciones en redes sociales que generen “alarma”. Asimismo, Ortega ha expresado su apoyo al presidente venezolano Nicolás Maduro, y en un gesto hacia la comunidad internacional, liberó a 135 presos políticos en un acuerdo mediado por Estados Unidos.
