La investigación por presunto enriquecimiento ilícito de la exvicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, dio un nuevo giro este jueves, cuando la policía provincial llevó a cabo un allanamiento en su domicilio. El operativo, ordenado por el fiscal Pablo Vignaroli, permitió secuestrar una camioneta Toyota SW4 0 km, que se sospecha fue adquirida con fondos públicos. Este procedimiento es parte de la causa que investiga a Ruiz por presuntos delitos de peculado y fraude a la administración pública en el marco de su gestión en la Legislatura provincial y la Casa de las Leyes. Según fuentes oficiales, el fiscal Vignaroli había adelantado que solicitaría más diligencias para recabar pruebas sobre las irregularidades.
En investigaciones previas, los fiscales descubrieron una pileta de natación construida en la propiedad de Ruiz, que se sospecha fue financiada con fondos destinados a obras públicas provinciales. Estos hallazgos se suman a las sospechas de corrupción que rodean a la exfuncionaria, quien fue destituida de su cargo tras ser investigada por contrataciones directas, nombramientos de familiares en la administración pública y el uso irregular de $4 millones de la Legislatura en bombones. La denuncia inicial que desencadenó la investigación fue realizada por el Banco Provincia de Neuquén, cuando la entidad detectó un desvío de fondos a la cuenta personal del hermano de Ruiz, Pablo Ruiz, quien también fue involucrado en el escándalo.
El caso de la exvicegobernadora ha tenido un fuerte impacto en la política provincial, especialmente después de la destitución de Gloria Ruiz por parte de la Legislatura de Neuquén, que aprobó la medida con 30 votos a favor, cumpliendo con los dos tercios requeridos por la ley. Esta destitución fue histórica, ya que es la primera vez en la provincia que un vicegobernador es removido de su cargo. Ruiz, quien fue compañera de fórmula del gobernador Rolando Figueroa, se defendió ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, donde aseguró que las acusaciones en su contra fueron “direccionadas y malintencionadas”. Además, afirmó que “no hay fraude, solo desprolijidades administrativas”. Sin embargo, la ley sancionada por la Legislatura declaró su “inhabilidad moral” para ejercer funciones públicas, extendiéndose hasta el 10 de diciembre de 2027, y suspendió el pago de su dieta como exvicegobernadora.
