El Poder Ejecutivo declaró la emergencia pública en varias áreas clave de la economía, incluyendo la financiera, fiscal, energética y social, y delegó facultades legislativas para enfrentar esta situación. Esta declaración de emergencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que permitió la instrumentación de diversas medidas fiscales. Entre las reformas más destacadas de 2024 se encuentran una moratoria fiscal, un régimen de regularización de tenencias y bienes, modificaciones a la Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales, y la derogación de impuestos clave como el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI) y el impuesto cedular de ingresos personales.
En primer lugar, se implementó un régimen de moratoria que permitirá la regularización de deudas tributarias, aduaneras y de la Seguridad Social, con beneficios como la condonación parcial de intereses y la total de multas. Este régimen tiene como fecha límite el 13 de diciembre de 2024. Además, el blanqueo de tenencias y bienes alcanzó un éxito rotundo al regularizar más de 20 mil millones de dólares, aunque en la segunda etapa se han restringido los tipos de bienes que pueden exteriorizarse, abriendo la posibilidad únicamente para aquellos que hayan depositado dinero en la Cuenta Especial de Regularización de Activos (CERA) sin haber completado la manifestación de adhesión en la primera etapa.
En cuanto a los impuestos, se introdujeron modificaciones significativas a la Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales, unificando las alícuotas aplicables a bienes en el país y en el exterior. Además, se creó un régimen de ingreso anticipado del impuesto, con el que se podrá adelantar el pago de este tributo hasta 2027. Por otro lado, se derogó el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI), aunque se mantuvo el gravamen sobre ganancias para aquellos que vendan inmuebles adquiridos después de 2018. También se modificó el impuesto a las Ganancias, reemplazando el sistema cedular para los altos ingresos con un régimen más progresivo que incluye deducciones personales.
Otras reformas incluyen la reducción del Impuesto País, que se aplicó durante el 2024 para reducir la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, y la transparencia fiscal, con nuevas normativas que obligan a los empresarios a discriminar los impuestos en los precios finales. Además, el gobierno presentó el “RIGI para pymes”, un proyecto que ofrece beneficios fiscales para fomentar inversiones productivas y la creación de empleo. A pesar de estas medidas, algunas entidades empresariales han expresado su preocupación por la carga impositiva, solicitando un plan de competitividad que permita a las pymes competir de manera más equitativa.
En resumen, 2024 ha sido un año de importantes reformas fiscales, con un enfoque en la regularización de deudas, la modificación de impuestos clave y el impulso a la inversión productiva. Estas medidas, aunque necesarias para equilibrar las finanzas del país, han generado debate entre los sectores económicos, especialmente las pequeñas y medianas empresas. Sin dudas, el trabajo de los profesionales en ciencias económicas, y particularmente de los contadores, se ha intensificado durante este período.
