El Gobierno nacional oficializó este viernes la disolución de la Comisión Nacional del Microcrédito (CONAMI), organismo creado en 2006 para apoyar a emprendedores sin acceso al sistema financiero formal. Según el Decreto 1094/2024, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, la decisión se basa en irregularidades administrativas y la ineficiencia del programa. “Es un área que tiene 100 personas trabajando y una cartera de créditos, pero los sueldos son más grandes que toda la cartera. Es muy difícil de controlar, no se sabía bien dónde estaba la plata. Por eso, se cierra mañana (viernes)”, explicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en declaraciones a LN+.
El decreto destaca que el gasto en personal de CONAMI ascendía a $100.584.210 mensuales, lo que anualizado representa $1.307.594.730, superando el presupuesto total asignado al programa para 2024, que es de $1.178.796.541. Además, señala que la administración deficiente provocó una dilapidación de recursos públicos. Según los datos oficiales, de las 209 instituciones de microcrédito adheridas al programa, solo 117 tienen más de 10 créditos activos, mientras que la morosidad de la cartera alcanza el 42%, una cifra que triplica los estándares habituales de las microfinanzas, donde las tasas de incumplimiento rondan el 10%.
Otro de los argumentos del Gobierno para justificar la disolución del organismo es la falta de evaluaciones formales y estudios de impacto que permitieran medir la efectividad de la política de microcréditos desde su creación. Asimismo, se cuestionó que no se implementaron registros formales ni se aplicaron sanciones a instituciones incumplidoras. “Las instituciones adheridas carecen de la capacidad técnica y experiencia para gestionar eficientemente los fondos asignados”, sostiene el documento.
El cierre de CONAMI se enmarca en la política de reducción del gasto público impulsada por la administración de Javier Milei. Sin embargo, la medida generó críticas por el impacto que podría tener en los emprendedores que dependían del programa. En el texto del decreto, el Gobierno concluye que la Ley N° 26.117 “no alcanzó sus objetivos” y que las irregularidades detectadas justifican el cese de operaciones del organismo.
