La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) aprobó recientemente un plan de pagos que permitirá a las distribuidoras y cooperativas eléctricas de todo el país regularizar su deuda con el organismo, que alcanza los 1.000 millones de dólares. Este acuerdo, respaldado por todas las partes involucradas —Gobierno, distribuidoras, generadoras, transportistas y grandes usuarios—, busca resolver una deuda acumulada por la falta de tarifas adecuadas para cubrir los costos de la energía. En este contexto, las distribuidoras como Edenor, Edesur y Edelap, entre otras, volverán a ser “sujetos de crédito”, lo que abre la puerta a la privatización progresiva del mercado eléctrico.
El plan de pagos aprobado establece un período de gracia de un año para que las distribuidoras comiencen a abonar sus deudas, seguido por un plazo de 72 meses (seis años) para regularizar completamente sus cuentas, con tasas de interés preferenciales. Este acuerdo abarca a 79 distribuidoras y cooperativas que adeudan un total de $ 2,35 billones, de los cuales $ 1,1 billón (aproximadamente 1.000 millones de dólares) aún no ha sido normalizado, principalmente debido a la devaluación de diciembre de 2023 y la demora en los aumentos tarifarios. El Gobierno, a través de la Secretaría de Energía, será responsable de instrumentar este plan, que comenzará a ejecutarse en las próximas semanas.
En el ámbito del sector energético, el gerente general de Cammesa, Mario Cairella, ha ganado relevancia debido a su rol en la normalización del mercado eléctrico y su relación con Santiago Caputo, asesor presidencial. Durante las reuniones mantenidas la semana pasada, las generadoras eléctricas más importantes del país, como Central Puerto, Pampa Energía, Enel y AES, aprobaron el plan, aunque establecieron la condición de que no se afectara el crédito de sus empresas. Aunque la desregulación del mercado eléctrico está prevista para 2025, los generadores siguen prefiriendo contratos con distribuidoras grandes como Edenor y Edesur, debido a su estabilidad tarifaria, mientras que se muestran más reticentes a hacerlo con cooperativas provinciales, cuyo ajuste de tarifas depende de las decisiones políticas de cada gobernador.
A raíz de la morosidad de algunas cooperativas, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, solicitó al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) la intervención judicial de la cooperativa eléctrica de Rawson, que adeuda $ 12.000 millones. Torres denunció irregularidades en el manejo de fondos de la cooperativa, específicamente el desvío de 600.000 dólares a un contrato con un estudio de abogados. Este pedido se suma a una solicitud similar realizada por el gobernador en relación con la Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Limitada de Trelew. Además, Cammesa ha intervenido en varias cooperativas grandes deudoras, tanto en Buenos Aires como en otras provincias, como Gualeguaychú (Entre Ríos) y Río Grande (Tierra del Fuego).
