La justicia brasileña dio un golpe decisivo a la investigación por corrupción del caso Odebrecht al declarar nulas las declaraciones de los arrepentidos y las pruebas vinculadas al esquema Lava Jato. Según un escrito de 120 páginas al que accedió Clarín, estas pruebas, solicitadas por los tribunales argentinos para avanzar en tres expedientes por coimas en Comodoro Py, no podrán ser utilizadas. La decisión pone en riesgo el desarrollo de estas causas, que ya se encaminaban a juicio oral.
El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), encargado del caso, había requerido a Brasil la documentación clave sobre los pagos ilícitos realizados por Odebrecht para adjudicarse obras públicas en Argentina, como las plantas potabilizadoras de AySA. También solicitó el testimonio de los exdirectivos Luiz Antonio Mameri y Márcio Faria da Silva, quienes se acogieron al régimen de “delación premiada” en Brasil. Sin embargo, la Procuradora Regional de Brasil, Anamara Osório Silva, informó que no enviarán las pruebas porque están “intrínsecamente relacionadas” con sistemas informáticos declarados como “inservibles” por el Supremo Tribunal Federal de Brasil.
En Argentina, estas pruebas eran fundamentales para sostener las acusaciones contra figuras como Julio De Vido, José López y el lobbista Jorge “Corcho” Rodríguez. Este último está acusado de gestionar sobornos por más de 6,4 millones de dólares para reactivar obras tras la muerte de Néstor Kirchner en 2010. “La acción penal utiliza pruebas consideradas inútiles por esta Corte Suprema”, afirmó el ministro brasileño José Antonio Dias Toffoli, reforzando la postura de su país de no colaborar con información anulada judicialmente.
Pruebas cuestionadas y un panorama incierto
Entre las pruebas anuladas figuran datos obtenidos de los sistemas Drousys y MyWebDay, herramientas informáticas utilizadas por el “Departamento de Operaciones Estructuradas” de Odebrecht para coordinar pagos ilícitos. Según las autoridades brasileñas, estos sistemas operaban “al margen de la legislación” y no garantizaban la cadena de custodia, motivo por el cual fueron invalidados. Además, el testimonio de los arrepentidos, clave para confirmar el circuito de coimas, quedó sin validez.
El caso Odebrecht destapó una red de sobornos que involucró pagos por más de 700 millones de dólares en 12 países, incluidos 36 millones en Argentina. En Comodoro Py, las causas abarcan licitaciones de obras como el soterramiento del tren Sarmiento, la ampliación de gasoductos y las plantas de AySA. Aunque cuentan con otras pruebas independientes de las anuladas en Brasil, el rechazo de cooperación internacional complica el panorama para los fiscales y jueces argentinos, que deberán redefinir sus estrategias de cara al juicio oral.
La decisión brasileña no solo pone en jaque las investigaciones locales, sino que también reaviva el debate sobre el uso de pruebas internacionales en casos de corrupción transnacional. El desenlace de estas causas será clave para evaluar el impacto real de la lucha contra la corrupción en la región.
