Hace tres años, la empresa Agroindustrias de Formosa SRL, formada por el senador Francisco Paoltroni, Juan de Hagen y Roberto Schulz, inauguró una planta de procesamiento de soja en la provincia de Formosa. La inversión inicial fue de 100 millones de pesos, con el objetivo de darle valor agregado a la oleaginosa y potenciar la producción local. Sin embargo, la planta, situada estratégicamente sobre la Ruta Nacional 81, se encuentra paralizada desde hace un año debido a la falta de suministro eléctrico. Los socios acusan al gobierno provincial de obstaculizar su actividad como represalia por su oposición política a la gestión de Gildo Insfrán. “Nadie quiere invertir en la Formosa de Insfrán”, declaró Paoltroni, quien fue candidato a gobernador en 2023 por La Libertad Avanza.
La empresa inició sus actividades con un grupo electrógeno, lo que le permitió poner en marcha las máquinas y capacitar al personal, en espera de una solución. “Cuando nos negaron la conexión, alquilamos un grupo electrógeno y trabajamos, pero fue más que nada para poder poner a punto la máquina y terminar de entrenar la gente”, explicó De Hagen. Sin embargo, los costos del generador resultaron insostenibles para la pyme: US$8,000 mensuales más 12,000 litros de gasoil. Desde hace un año, la empresa decidió dar de baja el grupo electrógeno debido a las pérdidas acumuladas y alquiló una planta en Chaco para continuar con el prensado de aceite y alimentos balanceados, aunque esto no cubre la capacidad de producción que podría alcanzar en Formosa, que ronda las 5,800 toneladas de soja anuales.
La falta de electricidad ha desencadenado además una serie de obstáculos legales. En 2021, Agroindustrias de Formosa SRL solicitó el servicio a la empresa de distribución eléctrica provincial, Refsa, que inicialmente aprobó la factibilidad del suministro pero luego abandonó las tareas de conexión. Esta situación provocó la suspensión del Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA), necesario para operar legalmente, lo que limita aún más las posibilidades de producción de la planta. “Sin energía, estamos imposibilitados de obtener el RUCA”, afirmó Omar Gutiérrez, abogado de los socios.
La situación se encuentra actualmente en manos de la justicia. Tras varios intentos en el Juzgado Federal y la Cámara Federal de Resistencia, donde Refsa argumentó que la empresa no cumplió un requisito, el caso se trasladó a la Cámara Nacional de Apelaciones. En paralelo, el gobierno de Formosa presentó una medida autosatisfactiva en el juzgado de El Colorado, que prohíbe a Refsa habilitar el servicio de electricidad a la planta, alegando un presunto daño ecológico debido a la deforestación. Gutiérrez, abogado de la empresa, cuestionó esta medida señalando que la planta ocupa solo dos hectáreas, mientras que la normativa exige analizar los daños ambientales en superficies de al menos cinco hectáreas deforestadas. “Esta será la primera batalla que hay que dar para que Refsa aporte la energía eléctrica”, concluyó Gutiérrez, quien anticipa una larga lucha legal para reactivar la planta.
