Este martes, el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Empleo, Trabajo y Seguridad Social, dictó la conciliación obligatoria en el marco del conflicto que involucra a los empleados de la ex AFIP, ahora transformada en la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La medida, que establece un plazo inicial de 15 días, puede ser prorrogada y tiene como objetivo evitar que las tensiones laborales se intensifiquen en un contexto de protestas y paros. Las manifestaciones de los empleados surgieron tras la decisión del Gobierno de reducir el personal en tres mil puestos, lo que generó un clima de incertidumbre y resistencia.
La Secretaría de Trabajo actuó a raíz de la presión ejercida por las autoridades de la ARCA, donde se han realizado marchas y protestas en oposición a la reconversión del organismo. Los sindicatos de empleados del ente recaudador y aduaneros llevaron a cabo diversas acciones de fuerza, como el cese de actividades en el transporte y un apagón informático que obstaculiza los trámites online ante la DGI y la Aduana. “En AFIP no sobra nadie”, fue el lema que resonó durante las manifestaciones, mientras los empleados cortaban calles y expresaban su descontento con la administración de Javier Milei.
La disolución de la AFIP, anunciada mediante un decreto oficial, desató un aumento en los trámites jubilatorios entre empleados que se acercan a la edad de retiro. Según fuentes sindicales, alrededor de 1.700 trabajadores solicitaron su jubilación solo en la última semana, impulsados por el temor a perder beneficios establecidos en el Convenio Colectivo de Trabajo. La situación en el aeropuerto internacional de Ezeiza también se vio afectada, con demoras significativas en el procesamiento de pasajeros debido a las protestas de los trabajadores de AFIP-Aduana. Los sindicatos ya habían advertido sobre la escalada de las medidas de fuerza si no se obtenían respuestas del Gobierno ante la situación crítica.
Para mitigar la tensión y normalizar las operaciones del organismo recaudador, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria, exhortando a los sindicatos a cesar las protestas. En este sentido, la Secretaría de Trabajo convocó a una audiencia que se llevará a cabo el próximo lunes 4 de noviembre, a las 11 horas. A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo subrayó su intención de “impedir que se extiendan las medidas de fuerza que obstaculizan el normal funcionamiento del órgano recaudador”.
En cuanto a las justificaciones del Gobierno para la disolución de la AFIP, el vocero presidencial Manuel Adorni expuso que se busca reducir considerablemente los sueldos de los funcionarios del organismo. Adorni indicó que, tras la disolución, tanto el titular de la nueva agencia como los directores percibirán salarios equivalentes a los de los ministros y secretarios de Estado, en lugar de los altos sueldos que actualmente reciben. Asimismo, el Gobierno destacó que la eliminación de la AFIP permitirá reducir en un 45% las autoridades superiores y en un 31% los niveles inferiores, lo que generará un ahorro anual de aproximadamente $6,400 millones.
La decisión de desmantelar la AFIP responde a un plan más amplio de reestructuración del sistema fiscal argentino. En julio, el Gobierno ya había implementado cambios significativos dentro del organismo, centralizando las funciones de fiscalización impositiva y previsional. Con la creación de la ARCA, se busca modernizar y simplificar el sistema, al tiempo que se desvincularán “3.155 agentes” que, según el Ejecutivo, ingresaron de manera irregular durante la administración kirchnerista. Esta medida forma parte de un esfuerzo por desmantelar la burocracia que, según el Gobierno, ha obstaculizado la libertad económica y comercial del país.
