El Gobierno anunció esta semana la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y su reemplazo por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), como parte de su plan de desregulación del comercio exterior. El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que esta medida está orientada a reducir costos y simplificar procesos burocráticos, buscando una estructura “más eficiente, menos costosa y menos burocrática”. Entre las decisiones adoptadas, también se destaca la derogación de dos circulares aduaneras de larga data y la eliminación de los llamados “valores de referencia”, considerados por el Gobierno como obstáculos para la libertad económica.
La derogación de las circulares 701/99 y 799/2000, que estaban en vigor desde finales de los noventa, fue uno de los puntos principales del anuncio. Estas normativas obligaban a contar con un “veedor de la industria nacional” para liberar contenedores de ciertos sectores, lo que significaba que cada importación de productos específicos, como calzado o productos siderúrgicos, debía ser evaluada y aprobada por un representante sectorial. “Si querías importar calzado, un veedor de la industria del calzado tenía que emitir su opinión; si querías importar caños para el sector petrolero, un representante de la siderurgia nacional debía dictaminar”, explicó Sturzenegger. Para el funcionario, la eliminación de esta exigencia representa “dar de baja un símbolo de la casta que el presidente Javier Milei vino a desterrar”.
Además, el Gobierno publicó la Resolución General 5587/24, mediante la cual se elimina el uso de “valores de referencia” en exportaciones, medida que según Sturzenegger buscaba frenar maniobras de evasión, pero que terminó, según sus palabras, “creando burocracia y corrupción”. De acuerdo con el funcionario, “estas decisiones generan más rentabilidad al sector privado, más transparencia y menos corrupción en el sector público”, y apuntan a un esquema aduanero más ágil que facilite el comercio exterior y disminuya sobrecostos que afectan la competitividad argentina.
La creación de la ARCA en lugar de la AFIP, que funcionará con un recorte del 34% en su estructura actual, busca generar un ahorro anual estimado en $6,400 millones, indicó el Gobierno en un comunicado. También se anunció la desvinculación de 3.155 empleados que habrían ingresado de manera irregular al organismo durante la última administración kirchnerista, representando un 15% de la planta actual. Desde el Gobierno sostienen que esta reestructuración es necesaria para “desmantelar burocracia innecesaria que ha obstaculizado la libertad económica y comercial de los argentinos”. Estas decisiones forman parte de un paquete de medidas que también incluye la eliminación de las estampillas “verdes” en productos importados, lo cual se considera otro paso hacia la liberalización y eficiencia en las operaciones de comercio exterior.
