El 9 de octubre, el fiscal federal Guillermo Marijuan reiteró que no hay pruebas suficientes para sostener una imputación contra Cristina Kirchner en la causa conocida como la Ruta del Dinero K, donde se la acusa de lavado de dinero. Es la segunda vez que Marijuan sostiene esta postura, en un expediente que fue reabierto en 2023 por orden de la Cámara Federal porteña. Según el fiscal, “la prueba reunida resulta insuficiente para avanzar en la imputación que le fuera dirigida”, ratificando su pedido de sobreseimiento realizado el año pasado. En el dictamen al que accedió Clarín, Marijuan explicó que “he realizado un análisis en punto a si alcanzan las probanzas para atribuir a la imputada un rol como autora o partícipe de las maniobras concretas de lavado de dinero investigadas. Y, frente a ello, he tenido una respuesta negativa”.
Esta postura contrasta con la orden de la Cámara Federal de Apelaciones, que revocó el sobreseimiento que el juez Sebastián Casanello había otorgado a la ex vicepresidenta por recomendación del propio Marijuan. Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, con la disidencia de Eduardo Farah, aceptaron el reclamo de la asociación civil Bases Republicanas, que actúa como querellante, y ordenaron la reapertura de la investigación. La Cámara consideró que el análisis del fiscal era “una evaluación parcial y sesgada de elementos aislados del proceso”. En su resolución, Llorens indicó que el caso “jamás puede desligarse del quiebre inicial que supuso la fragmentación del análisis de los distintos procesos”, en alusión a otras causas conexas como Vialidad, Hotesur y Los Sauces.
Pese a las críticas de la Cámara, Marijuan se mantuvo firme en su posición, señalando que “existen probanzas que refuerzan ese vínculo”, en referencia a la relación entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez, pero que no la incriminan directamente en el delito de lavado de dinero. Además, el fiscal cuestionó la participación de Bases Republicanas como querellante, argumentando que su intervención fue “oportunista” y con fines políticos, ya que durante años no tuvo participación activa en el proceso. El dictamen recordó que en 2019, los mismos jueces que ahora ordenan continuar la investigación habían decretado la “falta de mérito” de Cristina Kirchner, sin que en las últimas resoluciones se indicara que hubiese nuevas pruebas para avanzar con su procesamiento.
La causa, que había sido reabierta tras la condena de Lázaro Báez a diez años de prisión por lavar 55 millones de dólares, mantiene el foco en la presunta participación de Cristina Kirchner en esas maniobras, aunque el fiscal insiste en que no hay elementos suficientes para procesarla.
