El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) publicó una resolución que prohíbe a las distribuidoras Edenor y Edesur incluir en sus facturas conceptos que no estén directamente relacionados con el servicio eléctrico. Esta medida se enmarca en la Resolución Nº 708/2024, que anula cualquier autorización previa que permitiera a ambas empresas cobrar ítems ajenos al suministro de energía eléctrica en sus áreas de concesión en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). “La resolución deja sin efecto toda autorización otorgada a favor de la inclusión de conceptos ajenos al servicio que estas distribuidoras brindan”, informó el Enre a través de un comunicado oficial.
La decisión del ente regulador responde a la iniciativa del ministro de Economía, Luis Caputo, quien había denunciado que varios municipios recargaban las facturas de electricidad con tasas y cargos que no correspondían al servicio eléctrico, afectando a los usuarios. Esta normativa, además, sigue la línea de la Resolución N° 267/2024 emitida por la Secretaría de Industria y Comercio, la cual estipula que “los proveedores de bienes y servicios deberán facturar exclusivamente los ítems relativos a la prestación ofrecida”. Cualquier intento de incluir otros cargos será sancionado de acuerdo con la Ley de Defensa del Consumidor.
El tema del cobro de ítems adicionales, como el alumbrado público, había generado controversias previas. Inicialmente, se había especulado que el Gobierno permitiría que las distribuidoras pudieran seguir facturando este servicio en particular. Sin embargo, la nueva resolución establece que no se autorizará más la inclusión de cargos que no estén directamente relacionados con la distribución de energía eléctrica. A pesar de ello, persiste cierta ambigüedad en la interpretación de la norma, ya que el alumbrado público sigue siendo considerado un servicio eléctrico.
Desde Edenor y Edesur, interpretan que la resolución también afecta la posibilidad de facturar el servicio de alumbrado público. “Todo parece indicar que no se va a poder incluir”, comentaron fuentes de las compañías. A pesar de esta situación, las distribuidoras recuerdan que existen medidas cautelares en contra de la normativa impulsada por la Secretaría de Industria. “Ya hay medidas judiciales en Pilar, Moreno y avanza otra en Tigre”, agregaron. Estas acciones judiciales podrían generar un escenario de incertidumbre en los próximos meses, a medida que los tribunales tomen decisiones al respecto.
El conflicto por el cobro de servicios adicionales en las facturas de luz refleja una creciente tensión entre los municipios y el Gobierno, que busca proteger a los consumidores de cargos extra que no estén relacionados con el suministro de energía. Mientras tanto, los usuarios deberán esperar a que se resuelvan las disputas judiciales para saber si volverán a ver reflejados estos ítems en sus próximas facturas.
