El juez federal Julián Ercolini ha dispuesto el embargo de las comisiones que un grupo de brokers de seguros, incluido Héctor Martínez Sosa, amigo del presidente Alberto Fernández, reclamaba en el marco de una investigación por presunta corrupción en la contratación de seguros con organismos del Estado. La decisión, tomada en la causa que investiga el pago de millonarias comisiones durante la presidencia de Fernández, afecta a varias firmas y personas involucradas en el sector.
La resolución, publicada el lunes en el Boletín Oficial, congela los fondos que eran objeto de reclamación por parte de las empresas y personas involucradas. Según la información a la que accedió Clarín, los montos embargados incluyen $105.841.439,66 para Héctor Martínez Sosa & Cía. S.A., $1.283.175,79 para Castello Mercuri S.A., $46.501,42 para Paris Broker de Seguros S.A., y $51.891.434,01 para Bri Brokers S.A., entre otros. También se encuentran incluidos Net Broker S.A. con $13.274.722,76; Service Risk S.A. con $255.513,31; y varios individuos como Emanuel Raúl Andrés Calvo y Laura Elena Crisafulli, con montos que varían según el caso.
La medida responde a una investigación en curso sobre la administración fraudulenta en la contratación de seguros, que ha involucrado a numerosos intermediarios y empresas. Alfonso José Torres, titular de Nación Seguros S.A., había informado a la justicia sobre las comisiones pendientes de liquidar, tanto de pólizas del sector privado como del público. Sin embargo, la liquidación no se ha realizado debido a medidas cautelares previas que fueron posteriormente revocadas por la Cámara federal porteña.
El juez Ercolini señaló que la medida cautelar que impide el cobro de las comisiones está destinada a “asegurar la ejecución de una eventual pena pecuniaria, la indemnización civil derivada del delito y las costas del proceso”. La decisión de retener estos fondos busca garantizar que los recursos no sean mal administrados o utilizados para beneficio indebido mientras continúa la investigación. El fiscal federal Carlos Rívolo apoyó la medida restrictiva, argumentando que es necesario para “resguardar los bienes y/o activos que podrían significar el medio y/o el producto de la actividad desplegada”.
En la investigación se examinan 45 contratos firmados entre Nación Seguros S.A. y diversos organismos del Estado, con la participación de 25 intermediarios, y se estima que el Estado pagó más de 3.400 millones de pesos en comisiones entre 2020 y 2024. El embargo de las comisiones busca garantizar los derechos del Estado Nacional como víctima de las presuntas maniobras fraudulentas. El juez Ercolini explicó que la medida permitirá establecer el “patrimonio producido por la comisión de los delitos” y evitará el aprovechamiento de los beneficios obtenidos de manera ilícita.
