Un mes después de su aprobación en el Congreso, el Gobierno argentino avanza con la implementación de la Ley Bases, con la reglamentación de varios de sus capítulos más significativos programada para esta semana. Este lunes se oficializará la normativa que regula los contratos de obra pública, mientras que en los próximos días se presentará el régimen de incentivos a las grandes inversiones (RIGI), y posteriormente se abordará la reforma laboral, un tema que ha generado tensiones con el sindicalismo.
La reglamentación que entrará en vigor mañana, publicada en el Boletín Oficial, se centra en la renegociación o rescisión de contratos de obra pública y de provisión de bienes y servicios superiores a los $10 millones, siempre que hayan sido celebrados antes del 10 de diciembre de 2023. Sin embargo, se excluyen aquellos contratos cuyo avance supere el 80% al momento de la sanción de la ley o que cuenten con financiamiento internacional. Los contratos que se encuentren en este estado se reanudarán en un plazo de 90 días.
En paralelo, el régimen de incentivos a las grandes inversiones, diseñado por Javier Milei junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, está en fase de definición. “Fecha no hay porque hay revisiones, la idea es que sea esta semana o principios de la que viene”, indicaron fuentes del Gabinete. Este régimen es una herramienta clave para captar inversiones en un contexto de pérdida de reservas del Banco Central y recesión económica. Se espera que el régimen pueda desbloquear inversiones por hasta US$ 54.000 millones hasta 2032 en sectores estratégicos como foresto-industria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas.
El RIGI ofrece beneficios significativos, incluyendo la reducción de impuestos y la eliminación de derechos de exportación e importación durante 30 años para proyectos de inversión superiores a los US$ 200 millones. También proporciona acceso libre a dólares desde el tercer año y arbitraje internacional ante litigios con el Estado. Sin embargo, ha generado controversia, especialmente entre la agroindustria y las operadoras de petróleo y gas no convencional, que se sienten excluidas. Las petroleras han pedido que se incluyan las perforaciones y fracturas de pozos no convencionales en Vaca Muerta, pero el artículo 172 de la ley exige inversiones a “largo plazo”, excluyendo así el sector “upstream” dedicado a la exploración de shale. El Gobierno está evaluando posibles ajustes para incorporar estos proyectos sin comprometer la estabilidad de los beneficios.
Además, se anticipan cambios en el RIGI que podrían fijar el mínimo de inversión en minería en US$ 900 millones y facilitar la entrada de diversas industrias en cada sector. La secretaría de Trabajo también avanzará esta semana con la reforma laboral, que extiende el período de prueba, reemplaza las indemnizaciones con un fondo de cese laboral, permite el despido discriminatorio a cambio de una indemnización, y crea la figura del trabajador independiente con hasta tres colaboradores autónomos. Sturzenegger será el encargado de reglamentar estos cambios.
La implementación de estas reformas busca revitalizar la economía argentina y atraer inversiones, aunque enfrenta desafíos y resistencia en diversos sectores económicos.
