A medida que Javier Milei se prepara para asistir a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos en París este viernes, organizaciones de derechos humanos en Francia han emitido una advertencia al presidente Emmanuel Macron. El foco de la controversia es la reciente visita de diputados del partido oficialista argentino, La Libertad Avanza, a Alfredo Astiz, el exmilitar condenado por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura en Argentina.
Astiz, conocido como el “Ángel de la Muerte”, fue condenado por su participación en el secuestro y desaparición de ciudadanos franceses durante la dictadura, incluyendo a las monjas Alice Domon y Léonie Duquet. La visita de los diputados, que tuvo lugar el 11 de julio en el penal de Ezeiza, ha sido interpretada por los organismos de derechos humanos franceses como un intento de legitimar y posiblemente buscar la liberación de Astiz y otros represores. Esta percepción ha generado una fuerte reacción en Francia, donde la memoria de estos crímenes sigue siendo un tema de gran sensibilidad.
En una carta abierta titulada “Francia no olvida”, Sophie Thonon-Wesfreid, abogada de las familias de desaparecidos en Chile y Argentina, y Jean-Pierre Lhande, de la organización Franceses Desaparecidos en Argentina, denuncian que la visita de los legisladores no tuvo el propósito declarado de inspeccionar las condiciones carcelarias. “Denunciamos la intención de liberar a Alfredo Astiz, responsable de la desaparición de monjas francesas durante la dictadura argentina”, afirma el comunicado. La carta pone en duda la justificación de los diputados libertarios, quienes aseguraron que su visita estaba orientada a conocer la situación de los mayores de 70 años detenidos.
El documento también recuerda a Macron que, el 16 de marzo de 1990, la Cour d’Assises de París condenó a Astiz a cadena perpetua por la desaparición de las dos religiosas. Asimismo, hace hincapié en que actualmente se está llevando a cabo una investigación sobre la desaparición de veinte ciudadanos franceses durante la dictadura. La carta concluye con un llamado a no olvidar las exigencias de justicia, afirmando que “ni los fastos de los Juegos Olímpicos ni las razones políticas o económicas deben hacernos olvidar la exigencia francesa de justicia”.
En respuesta a la controversia, los diputados que realizaron las visitas han defendido su acción, afirmando que la inspección a la prisión no estaba dirigida específicamente a los represores, sino a la condición de todos los detenidos mayores de 70 años. Sin embargo, la polémica se ha intensificado, con la UCR criticando enérgicamente la visita y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresando su apoyo a las organizaciones francesas. El CELS destacó que la visita no ocurre en un vacío, sino en un contexto en el que el gobierno de Milei ha desmantelado políticas clave para la memoria, verdad y justicia, describiendo la visita como un daño significativo a la construcción del Nunca Más para la democracia.
La situación refleja un creciente malestar tanto a nivel nacional como internacional, mientras la administración de Milei enfrenta críticas por sus acciones relacionadas con la justicia y los derechos humanos.
