El caso de la desaparición del niño correntino Loan Danilo Peña, que ha conmocionado al país durante 41 días, ha tomado una nueva dimensión política. La Unión Cívica Radical (UCR) ha salido en defensa del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, tras la denuncia presentada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, acusándolo de encubrimiento y otros delitos relacionados con la investigación del caso.
En un comunicado emitido por el Comité Nacional de la UCR, el partido calificó la denuncia de Marijuan como una acción “sin sustento en el derecho positivo” y una maniobra con fines políticos. “La denuncia de Marijuan ante tribunales federales evidencia no sólo una falta de mínimo sustento en el derecho positivo, sino la intención de utilizar políticamente un hecho que preocupa y angustia a todo el pueblo argentino”, expresaron en el comunicado.
El partido radical criticó duramente lo que considera una instrumentalización política del caso, señalando que las acusaciones del fiscal son “irresponsables e infundadas”. “Todos estamos comprometidos en el esclarecimiento del caso, con la aparición con vida de Loan y con la asignación de las responsabilidades penales que correspondieren”, sostuvo la UCR.
Reacciones Políticas y Denuncias Cruzadas
El apoyo al gobernador Valdés también se reflejó en los comunicados de los bloques radicales de Diputados y Senadores. Los legisladores repudiaron la denuncia de Marijuan, calificándola de “inentendible” y señalando una posible búsqueda de protagonismo mediático por parte del fiscal. “Nuestra preocupación es la pretensión del Fiscal de entrometerse en la causa que busca encontrar al niño, violando claramente el alcance de sus funciones y competencias”, manifestaron los senadores en su gacetilla.
Además, los diputados destacaron la irregularidad de que la denuncia se presentara en Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires, cuando los hechos ocurrieron en Corrientes y ya están siendo investigados por la justicia federal competente en la provincia. “Llama la atención que se radique la denuncia en Comodoro Py, en Capital Federal, sobre hechos que ocurrieron en Corrientes”, subrayaron los diputados.
Este martes, Marijuan presentó la denuncia en Comodoro Py contra el gobernador Valdés, el senador provincial Diego Pellegrini, el ex abogado de Laudelina Pérez, José Fernández Codazzi, el ministro de Seguridad correntino, Alfredo Vallejos, y los comisarios generales Alberto Molina y Jorge Cristaldo. Las acusaciones incluyen encubrimiento, abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público, basadas en la supuesta conducta reprochable de estos funcionarios en la investigación de la desaparición de Loan Danilo Peña.
La Investigación y las Acusaciones
La teoría de que la desaparición de Loan podría ser un “accidente”, inicialmente avalada por el gobernador Valdés, se ha debilitado con el tiempo. Valdés había celebrado en un tuit lo que consideraba “un gran paso para la resolución del caso”, poco después de que Laudelina Pérez, testigo en el caso, declarara ante un fiscal no encargado de la investigación principal. Sin embargo, esta pista se desvaneció cuando Pérez, ahora detenida, se retractó y acusó al senador Pellegrini y a su propio abogado de haber fabricado la historia.
Esta retractación y las inconsistencias en la teoría del accidente han dirigido la atención hacia Valdés, señalado por su posible intervención en la maniobra. Fernando Burlando, abogado de los padres de Loan, fue uno de los primeros en criticar al gobernador por la actuación de la policía provincial. Tras conocerse la denuncia de Marijuan, Burlando celebró la acción del fiscal y anunció que planea ampliar la denuncia. “Me parece bien que un funcionario público denuncie hechos de corrupción por parte del poder político de Corrientes. No entiendo cómo nadie lo haya hecho antes”, afirmó Burlando.
La denuncia de Marijuan ha abierto un nuevo capítulo en el caso de la desaparición de Loan Danilo Peña, involucrando a altos funcionarios y escalando las tensiones políticas en torno a la investigación. Con el caso ahora en manos del juez Sebastián Casanello, se espera que la justicia determine si la denuncia tiene fundamento y si se debe investigar a los funcionarios acusados.
