Del 26 al 28 de junio se llevará a cabo en Paraguay la 54ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), un evento crucial donde los líderes de los países del continente se reúnen para abordar temas clave como democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo sostenible. Este año, Argentina ha generado controversia al sugerir “políticas regresivas” que podrían afectar acuerdos internacionales previamente establecidos, según denuncias de especialistas.
La delegación argentina, encabezada por la Canciller Diana Mondino y la recientemente nombrada embajadora ante la OEA, Sonia Cavallo, hija del ex ministro de Economía Domingo Cavallo, ha sorprendido a muchos al intervenir el texto propuesto sobre Derechos Humanos. Este documento, que ha sido discutido durante meses y abarca desde la seguridad hemisférica hasta la igualdad de género y la salud mental, fue objeto de marcadas modificaciones, según especialistas como María Luisa Peralta de Akahata, una organización de incidencia en derechos sexuales a nivel internacional.
Peralta critica duramente la nueva postura argentina, señalando que el país ha tachado referencias a género, interseccionalidad y racismo sistemático, acciones que, según ella, colocan a Argentina en un grupo minoritario de países que buscan restringir el avance de los derechos humanos en la región. Además, acusa al gobierno argentino de mostrar un apoyo implícito a las terapias de conversión, prácticas que son consideradas violatorias de los derechos humanos al intentar cambiar la orientación sexual de las personas mediante métodos coercitivos.
Ipas LAC, una organización de derechos reproductivos para América Latina y el Caribe, expresa su preocupación por este cambio en la política exterior argentina, considerándolo un retroceso que socava compromisos internacionales y el marco constitucional del país. Desde la ausencia en foros clave hasta acciones para obstaculizar las negociaciones en la OEA, Argentina enfrenta críticas internacionales por lo que algunos describen como un intento de debilitar organismos multilaterales y compromisos internacionales.
Alberto Trímboli, presidente honorario de la Asociación Argentina de Salud Mental, también critica las propuestas argentinas de eliminar o modificar aspectos clave de la ley nacional de salud mental, que podrían afectar negativamente los derechos de las personas con padecimientos mentales y socavar los avances hacia un enfoque comunitario y de derechos.
En resumen, la participación argentina en la Asamblea General de la OEA ha generado preocupación y críticas por parte de diversos sectores internacionales, que ven en estas acciones un retroceso en materia de derechos humanos y un abandono de compromisos previamente acordados. La postura del gobierno argentino será clave en las discusiones futuras sobre la dirección y el compromiso de la región con los derechos fundamentales y el desarrollo sostenible.
