La investigación sobre los violentos incidentes ocurridos el pasado 12 de junio durante la aprobación de la ley Bases en el Senado enfrenta un dilema crucial. Las autoridades deben decidir si enfocarse en los imputados por ataques específicos a policías o investigar la posible existencia de un operativo coordinado entre dirigentes del kirchnerismo y la izquierda para impedir la sesión. Esta compleja situación se desarrolla en medio de manifestaciones pacíficas que también tuvieron lugar en la Plaza Dos Congresos, donde ciudadanos ejercieron su derecho a protestar sin incurrir en violencia.
En este contexto, la jueza federal María Servini ha indagado a los 33 detenidos por la Policía Federal y la Policía de la Ciudad. Hasta ahora, solo cinco de ellos han sido procesados y encarcelados con prisión preventiva, como lo solicitó el fiscal Carlos Stornelli, mientras que los demás fueron liberados por falta de mérito. La jueza ha solicitado a la ciudadanía que aporte fotos y filmaciones de los incidentes, donde se quemaron bienes públicos, se encontraron explosivos y se agredió a varios policías, causando daños y gastos valorados en 160 millones de pesos. Al menos dos de los detenidos militan en el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), según informaron fuentes judiciales a Clarín.
A pesar de la gravedad de los hechos, la jueza Servini no ha delegado la investigación en el fiscal ni ha ordenado pruebas para determinar si hubo un complot para frenar la sesión del Senado. El fiscal Stornelli ha pedido investigar un posible “conjunto de acciones y conductas organizadas para iniciar la violencia contra las instituciones democráticas”. El presidente Javier Milei ha denunciado un “intento de golpe de Estado” y la ministra de Justicia, Patricia Bullrich, calificó algunos actos de violencia como “terroristas”. Stornelli utilizó varias calificaciones legales para justificar la prisión preventiva de los imputados, incluyendo delitos como lesiones, daños, incendio, instigación a cometer delitos e intimidación pública.
La jueza Servini procesó a cinco detenidos, incluyendo a Cristian Fernando Valiente, a quien se le encontró una granada FMK 5 de 2012. Valiente fue procesado por intimidación pública y atentado contra la autoridad. Patricia Calarco Arrendondo fue acusada de incendiar bicicletas y poseer materiales inflamables y documentos del MTR. Facundo Ezequiel Gómez, David Oscar Sica y Roberto María de la Cruz Gómez también fueron procesados por diversos delitos, desde arrojar piedras a policías hasta escupir y patear a agentes del orden. En su fallo, la jueza señaló que los incidentes mostraron una “voluntad común” y un despliegue “orgánico” dirigido a crear temor público y afectar el ánimo de los legisladores.
Mientras tanto, dentro de la CGT surgieron sospechas sobre la conducta del camionero Pablo Moyano, quien se retiró de la protesta una hora antes de que estallara la violencia, lo que levantó especulaciones sobre posibles alertas de incidentes. En medio de esta turbulencia, el Ministerio de Seguridad informó sobre los costos de los operativos realizados por las fuerzas policiales, sumando más de 130 millones de pesos en daños y gastos. Bullrich, si se acepta como querellante, apunta a delitos de sedición y perturbación de sesiones del Congreso.
En respuesta, un grupo de diputados kirchneristas, liderados por Carlos Castagneto, denunció a Bullrich por privación ilegal de la libertad, intensificando el enfrentamiento político. Bullrich respondió acusando a los legisladores de dar órdenes a la Prefectura y fomentar la violencia, subrayando el alto nivel de tensión y polarización que rodea este caso.
