En una movida destinada a combatir irregularidades, el Gobierno argentino, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, ha revisado la fórmula de asignación de subsidios a las obras sociales. Esta modificación tiene como objetivo cortar los fondos a sindicatos que operan, según investigaciones recientes, como “sellos de goma” para recibir dinero sin rendir cuentas adecuadamente. Según fuentes oficiales, 84 obras sociales verán recortados sus subsidios este mes, beneficiando a otras grandes prestadoras como Camioneros, Uocra, Sanidad y Petroleros.
Entre las obras sociales afectadas se encuentran la del Personal de Dirección de la Empresa Subterráneos de Buenos Aires, involucrada en conflictos laborales recientes; la de taxis de la Ciudad de Buenos Aires; la de Actores; la de Farmacéuticos y Bioquímicos; la del Personal de Cementerios de la República Argentina; la de Portuarios Argentinos y la del Personal de Escribanos, entre otras. El listado incluye tanto asociaciones de empresas como gremios. Por otro lado, las obras sociales con mayor número de afiliados recibirán incrementos significativos en sus subsidios. Por ejemplo, el gremio de los Moyano incrementará sus ingresos de $152.774.450 a $172.062.894, mientras que la obra social dirigida por Gerardo Martínez pasará de $503.647.887 a $610.654.690.
La decisión modifica el programa Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), que anteriormente se distribuía en un 80% proporcionalmente de acuerdo a los afiliados y un 20% como suma fija. Este esquema favorecía desproporcionadamente a las obras sociales más pequeñas, muchas de las cuales tienen menos de 5000 afiliados. “La fórmula vigente beneficiaba desproporcionadamente a las más pequeñas”, señalaron fuentes oficiales. La nueva fórmula distribuye el 100% de los subsidios basándose en la cantidad de afiliados, lo que implica una significativa reducción en los fondos para las obras sociales de menor tamaño.
La Superintendencia ha auditado entre dos y tres obras sociales por semana, encontrando múltiples irregularidades que justifican esta redistribución de fondos. Entre las anomalías detectadas se encuentran la falta de rendición de cuentas, ausencia de cartillas para afiliados, inconsistencias en los contratos para prestar servicios, deficiencia o ausencia de vínculos con prestadores y sospechas sobre el destino final de los subsidios. Un caso destacado es la intervención de la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo, Encendido y Afines (OSPIF), donde se descubrió que los fondos eran depositados directamente en la cuenta bancaria del gremio, sin pasar por la obra social encargada de prestar los servicios.
Un ejemplo concreto de las disparidades en los subsidios previos se observa en la obra social del Personal de Prensa de Bahía Blanca, que con 279 afiliados iba a recibir $4.767.927,61 bajo el cálculo anterior, y ahora percibirá $295.447,84. “Eran un curro para cobrar subsidios del Estado”, afirman desde la Superintendencia, destacando que el sistema anterior premiaba la ineficiencia y generaba una injusticia con las demás obras sociales.
En promedio, estas 84 obras sociales debían recibir $24.448.850,10 antes del cambio, pero ahora la media será de $2.588.585,03, casi una décima parte. Durante los primeros meses del año, se estudió la situación y en mayo no se repartieron subsidios. En junio se aplicará la nueva fórmula, redistribuyendo los montos totales. Las obras sociales con menos de 5000 afiliados pasarán de percibir $2.053.703.408,65 en conjunto a solo $217.441.142,25. Esta redistribución busca equilibrar el sistema y garantizar que los fondos lleguen a las obras sociales que realmente los necesitan y los utilizan correctamente.
