En una decisión oficial que impacta a más de 22.000 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, el Gobierno nacional ha suspendido el pago por un período de tres meses a aquellos que han realizado viajes al extranjero, según lo establecido por la justicia. La Resolución 82/2024, firmada por el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano, Pablo María de la Torre, detalla esta medida que se dio a conocer a través del Boletín Oficial.
La instrucción también incluye la notificación de esta medida a las autoridades pertinentes, como la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS) y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los beneficiarios afectados tienen la posibilidad de presentar un reclamo respaldado por la documentación necesaria, el cual será evaluado por las autoridades pertinentes.
El fundamento para esta suspensión se basa en la pérdida de “condición de vulnerabilidad social” por parte de estos beneficiarios, teniendo en cuenta los “movimientos migratorios” realizados por cada uno de ellos. Esto surge en el contexto de una denuncia formulada por la UFISeS en octubre de 2023, que condujo a una causa por presunto “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. A raíz de esta denuncia, se solicitó al Ministerio de Desarrollo Social, tanto en la gestión anterior como en la actual, determinar la elegibilidad de los beneficiarios y recabar información sobre los responsables del programa desde su creación.
La resolución también establece que, transcurrido el plazo de tres meses desde la suspensión, si no se presenta ningún reclamo por parte de los afectados, se procederá al egreso del programa social. Además, se detalla el proceso de análisis de los movimientos migratorios de los beneficiarios, priorizando aquellos viajes que superen los 30 días de duración, sean realizados en avión o crucero, o tengan como destino fuera de la región de Latinoamérica. Esta medida refleja la rigurosidad del Gobierno en el control de los beneficios sociales y su compromiso con la transparencia en el uso de los fondos públicos.
